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8 de Mayo del 2002
Endesa asegura que operación de hidroeléctrica se incia el 2003
 

Ralco ''agrieta'' estrategia de Lagos: Mideplan superado por Economía

por  Pablo Solís

El gobierno dictó un decreto que constituyó la Comisión de Hombres Buenos, un paso que en el corto plazo permitirá a la empresa hacerse con las tierras indígenas; el subsecretario Jaime Andrade reconoce que no fue informado de la decisión.

La férrea construcción que el Presidente Ricardo Lagos ideó para controlar el conflicto mapuche al nombrar a Jaime Andrade como coordinador de la política indígena de su gobierno resultó agrietada en sus cimientos, luego que el Ministerio de Economía pasara a llevar a dicho personero al promulgar, sin informarle, el decreto que creo la Comisión de Hombres Buenos, instancia que le permitirá a Endesa, en el breve plazo, hacerse de las tierras de la familias pehuenches que se oponen a la materialización de la hidroeléctrica Ralco.

Ahora el gobierno intenta, en silencio, recomponer la descoordinación en uno de los temás más complejos que le tocará resolver -por herencia- al Presidente Lagos: la inundación de las tierras indígenas en el Alto Biobío.

Luego de más de un mes de publicado el decreto firmado por el subsecretario de Economía, Alvaro Díaz, y que constituyó la Comisión, Andrade dejó su mutismo y accedió a conversar con El Mostrador.cl.

La referida Comisión fue solicitada por Endesa en abril de 2000 y constituida en abril de este año. De acuerdo a lo estipulado en la Ley Eléctrica, su función es tasar los predios, tras lo cual Endesa deberá depositar el avaluo en la cuenta del tribunal. Efectuado el trámite, el juez respectivo deberá poner es posesión material de la empresa los predios de los indígenas, entre ellos los de las hermanas Berta y Nicolasa Quintreman.

Por la vía del decreto y con la sola publicidad que pudo generar el críptico Diario Oficial, el gobierno del Presidente Lagos tomó la decisión de terminar el conflicto de la central hidroeléctrica Ralco y de una vez por todas permitir que las tierras de siete familias pehuenches, opositoras a la hidroeléctrica, sean expropiadas e inundadas por la empresa Endesa.

Eso, por lo menos, se desprende de los artículos de la Ley Eléctrica que rigen el funcionamiento de los hombres buenos. Con los hechos consumados, Andrade señala otra cosa.

Andrade: "No fui informado"

"No, no fui informado oportunamente", dijo a este medio Jaime Andrade, al ser requerido sobre si las autoridades del Ministerio de Economía le advirtieron de la promulgación del decreto que constityó la Comisión aludida.

A la vez, añadió que la acción de la cartera de Economía "no es lo adecuado." Ello, sobre la base que los objetivos que han movido al Estado en el conflicto por Ralco y en particular a la administración de Lagos, son que Endesa y las familias afectadas lleguen a un acuerdo por la vía del diálogo.

En lo que a su trabajo compete, Andrade reconoció el conflicto al interior del gobierno, pero lo contextualizó al señalar que la acción de Economía se entiende porque "aún no se afiata la coordinación", labor que justamente le encomendó el Presidente Lagos.

Pero esta nueva descoordinación del gobierno que se evidencia con la desautorización a las atribuciones de Andrade, es un tema menor que podría desviar la atención del fondo: cómo el gobierno de Lagos sorteará las presiones de Endesa y de los indígenas. El tiempo es escaso, ya que la empresa asegura que en diciembre del 2003 la central estará en operaciones.

"Un paso dentro de la legislación vigente

Andrade, además, calificó como "un paso dentro de la legislación vigente" la Comisión de Hombres Buenos, al ser consultado si su constitución es la última iniciativa del gobierno para zanjar el viejo conflicto.

Sostuvo que la Comisión debe entender en el contexto de que "Endesa solicitó determinada acción dentro de su derecho a hacerlo", la que se enmarca en la disputa que hay en tribunales sobre la primacía de la Ley Eléctrica o la Indígena.

Andrade dijo que no se pronunciaría en favor o en contra de ninguna de las partes y que su política es propiciar el diálogo entre Endesa y las familias "siempre en el marco de la legislación vigente". No obstante, reconoció que a la fecha no ha entrado en contacto con los pehuenches.

Dijo que sí ha tenido contacto con la cartera de Economía y advirtió que el tema Ralco "es sensible y delicado, por lo que no es nuestro interés hacer expresión pública" de las tratativas. De hecho el subsecretario de Economía Alvaro Díaz declinó conversar con este medio y explicó que existían acciones judiciales pendientes en los tribunales.

Sobre los anuncios de Endesa de que a diciembre del 2003 la hidroeléctrica estará en operaciones, Andrade dijo que son "fechas muy probables", lo que debe entenderse en el contexto de que la empresa ha hecho una inversión cuantiosa en el marco de la programación de sus actividades. Pese a ello el personero abogó para que se "llegue a una solución razonable en la que prime la racionalidad".

Críticas de Navarro y explicaciones de Celedón

En tanto, el diputado socialista Alejandro Navarro hizo fuertes críticas a la gestión del subsecretario Andrade y del ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi. "El Presidente Lagos no lo supo. El ministro Grossi actuó con tal ímpetu y mostró tanta capacidad de iniciativa que dejó afuera al Presidente y al Ministro Andrade".

Navarro aseguró que Rodríguez "tiene línea directa con Endesa" y dijo que éste, al promulgar el decreto, violó el compromiso de campaña que el Presidente Lagos hizo con las hermanas Quintreman de que el gobierno sería neutral en el tema. En esa línea, emplazó al director de la Conadi a pronunciarse sobre la materia y hacer valer los preceptos de la Ley Indígena.

El parlamentario indicó que el decreto entrampa las negociaciones que el gobierno, a nivel regional, efectúa en la zona con las comunidades de Ralco Lepoy y El Avellano, cuya finalidad es compensar a las familias pehuenches que permutaron sus tierras a Endesa a un valor de 180 mil pesos la hectárea y habrían quedado en desmedro frente a un fallo de los tribunales que determinó que la empresa debe pagar dos millones de pesos la hectárea a la particular Sola Ruedi.

A su vez el abogado Roberto Celedón, quien representa a las familias que se oponen al proyecto Ralco y que interpuso un recurso de proteccción contra lo determinado por el Ministerio de Economía, dijo que tras hablar con Andrade tiene la convicción de que "está preocupadísimo por el tema".

Explicó que la acción del Ministerio de Economía "consagra la idea de que en Chile las grandes empresas se rigen por estatutos especiales y que existe una legislación no escrita, lo que desde el punto de vista del derecho es gravísimo".