Centro de Documentación Mapuche Documentation Center
Punto Final Abril, 2002.
Edición 516
 
Conflicto Mapuche

El revés de la trama


En Tirúa la población lafquenche también lucha 
por sus derechos
El llamado "conflicto mapuche" no es un tema de fácil despacho, como a veces parecen creer autoridades como el ministro Insulza y hasta el propio presidente Lagos. No se trata de meterle algunos dólares más, decir alguna bravuconada, echarles los carabineros ni de endurecer la mano de los fiscales. Tampoco, como creen los empresarios y propietarios de tierras, de motejarlos de "terroristas", tal vez con la esperanza de que Bush les desvíe algún misil originalmente destinado a los talibanes. El problema es más complejo. Se trata de una tensión entre un Estado (el chileno) y una clase social (la clase dominante chilena), versus una etnia (el pueblo mapuche). Ello hace que tenga peculiaridades difíciles de entender. Y que la solución no pase por la represión (como si los mapuches fueran obreros a los que el Estado reprime cumpliendo su rol de policía de la clase patronal) sino por el diálogo de tú a tú entre el Estado y un pueblo que como tal tiene derecho a su territorio, autonomía y cultura. O sea, el Estado como interlocutor y no como represor.

En cuanto a la clase dominante, debería ponerse a buscar áreas de negocios que no afecten al pueblo mapuche e instruir a sus políticos para que no le echen más leña al fuego y aprueben, por ejemplo, para comenzar, su reconocimiento constitucional como pueblo.
La tensión principal se da entre los actuales propietarios de las tierras forestales, ganaderas y agrícolas localizadas en el antiguo "país mapuche", particularmente en lo que hoy es la Novena Región de la Araucanía (y parte de la Octava), y los descendientes de sus habitantes que sufrieron la feroz ocupación militar en la campaña "pacificadora" de 1881-1883. Los mapuches fueron despojados de cinco millones de hectáreas que estaban localizadas entre los ríos Maule por el norte y Cruces (Loncoche) por el sur, y radicados en reducciones que totalizaron 500 mil hectáreas, el diez por ciento de su territorio original. La corona española había reconocido como país mapuche desde el siglo XVII (Paces de Quilín) las tierras al sur del Bío-Bío y hasta el Toltén. Este fue durante más de 200 años, de hecho y derecho, un país diferente de la Capitanía General de Chile y la Corona se relacionaba con los mapuches como con una "nación" según consta en documentos.
 

Ministro Insulza: prometió al empresariado del sur 
que el gobierno aplicará mano dura a los mapuches.
Para la clase dominante huinca, el valor en juego es el dinero, en última instancia sus ganancias. Un tema económico. Para los segundos, la tierra, que en su cosmovisión implica su identidad cultural, su existencia como pueblo. Un asunto étnico y de liberación nacional. Por eso el Papa les dijo en Temuco, el 5 de abril de 1987: "Al defender vuestra identidad, no sólo ejercéis un derecho, sino que cumplís también un deber". El contingente de la clase social de los propietarios de los medios de producción y terratenientes está conformado por: los grupos económicos Angelini y Matte (que compraron extensas superficies a muy bajo precio durante la contra-reforma agraria de la dictadura militar); los descendientes de colonos extranjeros (principalmente suizos, alemanes, franceses, italianos y españoles); los descendientes de colonos chilenos, y agricultores, madereros y ganaderos de más reciente data. 

La Confederación Nacional de la Producción y el Comercio y la Sociedad Nacional de Agricultura les han dado su apoyo y pedido al gobierno "que restablezca el estado de derecho", y a Carabineros y al Poder Judicial una "actitud más enérgica" (marzo 16). O sea, que el Estado cumpla con su papel de instrumento al servicio de los intereses de la clase dominante.
Por la parte mapuche, no hay involucrada una clase social, sino los sectores más conscientes de una etnia fragmentada en proceso creciente de agrupamiento y toma de conciencia como pueblo. El mapuche no es una clase social, aunque sus individuos pertenezcan a clases sociales. Ni es por origen un pueblo jerárquicamente organizado en un solo sistema societal. Fue un pueblo cazador y recolector compuesto por familias extensas y complejas que se relacionaban circunstancial y funcionalmente ante desafíos económicos o bélicos específicos en agrupaciones territoriales mayores. Posteriormente guerrero y ganadero, conservó esa peculiaridad con alianzas o butalmapus (unidades territoriales) que en el siglo XIX, según José Bengoa, eran "verdaderas formas germinales de centralismo político".
Sus sectores con más conciencia, demandan autonomía territorial, económica, judicial y política. Patricio Vergara, del Instituto de Desarrollo Local y Regional de la Universidad de La Frontera (Ufro) de Temuco, ha consignado que "la petición de autonomía mapuche, expresada por algunos dirigentes radicales, tiene un escenario muy propicio en una región muy pobre e inequitativa, especialmente en grupos que están constituyendo su identidad generacional (estudiantes) y étnica (mapuche). Pero este movimiento social (que puede llegar a ser muy decisorio) aún se encuentra en etapas primarias, ya que no posee aún un claro ideario ni propuestas inclusivas y legitimadas".
En este conflicto, el papel del gobierno de Lagos aparece de parte de los empresarios. En una reunión que el ministro del Interior, José Miguel Insulza, tuvo en Temuco a fines de marzo, con representantes de los gremios afiliados a la Confederación de la Producción y el Comercio, se comprometió, según El Diario Austral a que "el gobierno no comprará tierras ocupadas por grupos mapuches y que, además, aplicará todo el rigor de la ley contra los violentistas". En esa reunión participaron Manuel Riesco, de la Sociedad de Fomento Agrícola; José Lagos, de la Asociación de Industriales; Marcelo Martín, de la Corporación de la Madera; José Villagrán, de la Asociación de Dueños de Camiones; Jaime Nogueira, de la Corporación de Desarrollo y Energía; Robert Woerner, de la Cámara Chilena de la Construcción, y Max Henzi, de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo. 
El 10 de marzo este mismo conglomerado empresarial había denunciado en una inserción a dos páginas publicada en El Mercurio, que "el terrorismo se expande en los sectores rurales de la IX Región de La Araucanía". Y recordó la resolución 56-88 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 4 de enero del 2002, que "condena el terrorismo étnico", y exigido al gobierno "aplicar las leyes de Seguridad Interior del Estado y de conductas terroristas".
El rol de la Corporación Nacional Indígena (Conadi) según líderes mapuches ha sido lamentable. Uno de sus consejeros indígenas, José Santos Millao (de la organización Ad Mapu), denunció (marzo 23) que la Conadi "está intervenida" por el gobierno. Otros dirigentes son aún más lapidarios.

INTERESES ECONOMICOS EN JUEGO

En una formación social de tipo capitalista no existen campañas políticas o comunicacionales ajenas a algún interés económico. Es decir, las medidas políticas y los discursos están dirigidos a conseguir más ganancia para la clase social empresaria. Uno de los temas permanentes durante la dictadura y en lo que va de democracia, es el de que las tierras de las comunidades mapuches puedan ser vendidas libremente y no sólo transferidas entre ellos. Un editorial de La Segunda advertía el 17 de marzo de 1998: "Los terrenos erosionados hoy no tienen una utilización económica mejor que el bosque, pero los indígenas están impedidos de venderlas libremente". Un reciente artículo de El Mercurio (10 de marzo) quejándose de las "limitantes a venta de tierras mapuches" argumentaba su alto valor turístico y comercial "por su ubicación a orillas de lagos, por el interés turístico que eso conlleva; o porque están en radios urbanos o en las cercanías de carreteras importantes".
Es decir, en estas pocas líneas se puede inferir que tras la compra de tierras mapuches se encuentran empresas forestales, turísticas y constructoras. Hay poco más de 500 mil hectáreas disponibles para aquellos usos. Según El Mercurio el precio de aquellas tierras sería entre 20 y 50 millones de pesos la hectárea. O sea, de diez a 25 billones de pesos (de 15.000 a 35.000 millones de dólares) en total. 
Es ilustrativo lo que ha consignado Domingo Namuncura, ex director nacional de la Conadi (1997-1998): "Los proyectos de expansión forestal requieren más tierras en el sur de Chile para aumentar su productividad y sus ganancias. Efectivamente, una cantidad importante de las actuales tierras indígenas de la VIII y IX Región son suelos con aptitud forestal. Los grandes complejos forestales chilenos cubren hoy más de medio millón de hectáreas y en diversos casos su producción se realiza en territorios que hasta el día del golpe militar en 1973 eran de dominio de comunidades indígenas. Ejemplos sobran en Arauco, Lumaco, Purén y en otras localidades".
No se trata sólo de empresas forestales y madereras aisladas, ni de medianos y pequeños empresarios madereros, sino de los principales grupos económicos del país. No por casualidad la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), ha asumido el liderazgo de la lucha contra los mapuches. En su Mapa actual de la Extrema Riqueza en Chile (1997) el economista Hugo Fazio señala que el holding Copec (Angelini) y el grupo Matte concentran la producción de celulosa en Chile y poseen un millón y medio (1.430.446 hectáreas) de suelos forestales con dos tercios de ellos (943.437 hás.) plantados. Es posible que en los años corridos desde el estudio de Fazio hayan cambiado algunas cifras, pero no lo esencial.
En el grupo Angelini, sector forestal de su conglomerado Copec, encontramos Celarauco S.A. que incluye a Forestal Celco, Aserraderos Arauco, Paneles Arauco, Forestal Arauco, Forestal Valdivia, Planta Celulosa Valdivia y Alto Paraná (en Argentina). Entre otras empresas en este grupo encontramos Copec, Apex, Abastible, Metrogas, Geogas, Pesquera Iquique-Guanaye, Chilgener, y Tiendas ABC.
Al grupo Matte, en su área forestal maderera, el holding CMPC, al que pertenecen CMPC Celulosa S.A. (Laja, Celulosa del Pacífico, Forestal e Industria Santa Fe); CMPC Forestal S.A. (Forestal Mininco, Aserraderos Mininco, Aserradero Mulchén, Aserradero Bucalemu); CMPC Papeles S.A. (Fábrica de Papeles Puente Alto, Inforsa, Fábrica de Cartulinas de Valdivia); CMPC Productos Tissue S.A., y CMPC Productos de Papel S.A. A este mismo grupo pertenece el Banco Bice y varias empresas asociadas en el holding Bicecorp, además de mineras, hidroeléctricas (Colbún, Aconcagua, El Melocotón y Guardia Vieja) y puertos (Puerto Lirquén, Portuaria Lirquén, Muellaje San Vicente S.A., y Obras y Desarrollo).
En Ralco, se trata de la transnacional española Endesa.

DE LOS FRAGMENTOS A LA UNIDAD

En los 119 años transcurrido entre 1883 y el 2002, desde la ocupación militar de su territorio hasta el presente, mediante la colonización y la transculturación, la clase dominante chilena no sólo redujo a las familias mapuches a condiciones de minifundistas de subsistencia en extrema pobreza y convirtió a muchos de sus miembros en asalariados agrícolas y urbanos (y por lo tanto explotados), sino que les impuso elementos de la cultura huinca funcional a la justificación, permanencia y reproducción de su explotación económica y exterminio cultural y étnico.
Los fragmentó no sólo territorial, sino además culturalmente. Así, los dividió entre protestantes y católicos; entre derecha, izquierda y partidos varios; además les bajó la autoestima respecto de la propia identidad (desprecio por sus costumbres ancestrales e idioma); les impuso la aceptación de la estructura jurídico-política huinca (con el consiguiente deterioro de las instituciones y costumbres propias), el olvido de su historia, orígenes y alianzas territoriales-familiares (Wenteche o arribanos, Nagche o abajinos, Lafkenche o del litoral y Pwenche o cordilleranos, entre las principales).
En ese contexto, no todos los individuos ni comunidades del pueblo mapuche tienen hoy plena conciencia de su carácter de pueblo, de su herencia y patrimonio cultural, ni de qué es lo más conveniente para sus intereses. Ello explica que políticos de la ultra derecha de la Novena Región tengan votación mapuche e influencia en algunas comunidades; que otras comunidades y sus lonkos estén con el gobierno, o sólo tengan intereses economicistas de corto plazo; que haya dirigentes que militen en partidos como la Democracia Cristiana o el PPD, y, en fin, explica que no estén unidos como una sola voluntad y una sola organización luchando contra Ralco o las forestales, o exigiendo al Parlamento su reconocimiento constitucional como pueblo y la ratificación del Convenio 169 de la OIT que se refiere a los derechos que ello implica; o por la recuperación del país mapuche y su autonomía.
Sin embargo, hay hechos específicos que actúan como catalizadores culturales, como focos que recuperan, concentran y a la vez irradian la identidad cultural mapuche, y la materializan en organización y acción. Tales hechos han sido siempre embestidas de la sociedad huinca que han provocado una reacción mapuche. 
Entre estos, podemos identificar la Ley Indígena de Pinochet, el caso Ralco y las actividades de las empresas forestales y madereras.
En la dictadura militar, la Ley Indígena que promovió la división de las comunidades, actuó como catalizador facilitando la unión de los mapuches en contra de la división de las comunidades y venta de sus tierras. El entonces obispo de Temuco, Sergio Contreras Navia, ha dicho al respecto: "Cuando el gobierno del general Pinochet modificó la Ley Indígena de 1973, con el preciso fin de reducir las tierras indígenas a una igualdad de condición como propietarios individuales y favorables al libre mercado, fue increíble la capacidad de reacción que tuvieron los mapuches al comprender el significado de tal determinación. Se produjo un movimiento de extraordinaria celeridad y que dio vida a la primera organización mapuche de ese período. En torno a ella surgieron las que hoy se conocen". Justamente, en esa época nacieron los Centros Culturales Mapuches que más tardes se trocaron en Ad Mapu y, en época más reciente, éste se subdividió en las actuales organizaciones.
En cuanto a Ralco como catalizador cultural, Domingo Namuncura, al narrar una de las primeras reuniones del consejo de la Conadi sobre ese caso (junio de 1998), tras identificar a los distintos consejeros indígenas como militantes de la DC, del PPD, de fuera de la Concertación, o independientes, subraya la existencia de "una unidad de criterios muy sólida e indigenista". Y explica: "Es que el tema indígena hermana a sus representantes más allá de las fronteras de partidos y Ralco sobre todo, solidifica con mucha fuerza la condición de sentirse parte de un mismo pueblo, el pueblo mapuche". Escribió al gobierno el 24 de abril de 1997: "Definitivamente este tema (Ralco) permitirá al mundo indígena acumular fuerza contestataria. Se le percibe como un símbolo: las comunidades indígenas verán en Ralco parte de su propia destrucción". Las más recientes movilizaciones de las comunidades contra las empresas madereras han sido también catalizadoras de identidad cultural. Iniciadas en diciembre de 1997 en Lumaco, han generado un foco de irradiación de conciencia y organización que se prolonga hasta hoy.
Lo anterior permite configurar una hipótesis. Cada embestida de la clase dominante de la sociedad mayor contra los mapuches es como un búmerang. A más hechos catalizadores, mayor desarrollo de la identidad cultural mapuche (identidad que implica sentido de pertenencia, adhesión y cohesión en torno a un conjunto de valores, ideas, creencias, normas, costumbres, instituciones, estructuras de convivencia social, lengua, historia y actitudes). Y a mayor desarrollo de la identidad, mayor grado autonómico de sus aspiraciones y demandas. Y, a la inversa, a mayor sujeción a la cultura de la sociedad chilena, menores aspiraciones y demandas de orden autonómico y mayor integración y asimilación a la sociedad dominadora. Ello otorga un carácter estratégico desde el punto de vista de la lucha mapuche a los citados hechos catalizadores
JUAN JORGE FAUNDES