Río Negro (Viedma), 13 de junio de 2002.

La Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche exigió al Poder Legislativo que promueva el juicio político al legislador Edgardo Corbalán y la iniciación de un sumario a efectivos policiales que permitieron al mencionado diputado aliancista desalojar a propietarios indígenas de un campo cercano a Sierra Grande.

Asimismo, denunciaron que el Ejército volvió a ocupar un sector del cerro Otto en Bariloche que pertenece a la comunidad Tripai Antú.

Los integrantes de esa entidad le presentaron al ministro de Gobierno, Esteban Rodrigo, un pedido de informes relacionado con el caso de Sierra Grande, en el que preguntan si la Policía desconoce que existen normas de procedimiento como una orden judicial para instrumentar un desalojo.

En esta cuestión, le pidieron al ministro que la dirección de Tierras se instale de inmediato en el lugar a efectos de devolver la propiedad a la familia Calfín, en el lugar denominado Colonia Pastoril Chilavert.

En cuanto a Bariloche, Clarisa Montenegro y Víctor Capitán revelaron que días atrás la comunidad Tripai Antú encontraron en terrenos de esa comunidad carpas del Ejército en momentos que estaban haciendo maniobras.

Por otra parte, cuestionaron al gobierno provincial por haber nombrado en forma inconsulta nuevos cargos políticos, en la temática aborigen, entre ellos la directora de Asuntos Jurídicos Indígenas, María Julia Suer de Machado.

Al respecto, criticaron la inoportunidad de los nombramientos tomando en cuenta que la dirección de Asuntos Indígenas se disolvió y que significa una erogación de 4.600 pesos mensuales en inversión de funcionarios.

Resaltaron la situación de crisis para la población más vulnerable de la provincia y que "aún no dieron respuestas concretas en materia de salud, educación y vivienda y ni tan siquiera se garantizan el más mínimo recurso para la atención de nuestra gente desde el Consejo de Desarrollo Indígena (Codeci)".
 

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