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viernes, abril 18, 2008
Por Lucía Sepúlveda Ruiz
http://periodismosanador.blogspot.com/
En Nueva Imperial (Región de la Araucanía) fue postergada
para el 2 de mayo próximo la audiencia en que debía fijarse
la fecha y composición del tribunal que llevará a juicio oral
al dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco Héctor LLaitul, y al
comunero Roberto Painemil. La razón de la nueva dilación del
proceso es técnica, según el tribunal: el (curioso) daño
que se produjo en la cinta que contenía la declaración grabada
de Roberto Painemil denunciando haber inculpado a Llaitul bajo los efectos
de la tortura, afirmando no conocerlo y negándose a ratificar la declaración
inicial. Se trata de una pieza clave para la jueza Claudia Sánchez
puesto que Llaitul había sido inicialmente inculpado por Roberto Painemil,
y en esa primera declaración hoy refutada, reside todo el “peso” de
la causa de la fiscalía contra el dirigente de la CAM y del propio
Painemil. Ambos luchadores mapuche llevan más de un año y tres
meses en “prisión preventiva”, encarcelados sin juicio.
Sólo se les notificó de acusación formal en marzo de
este año aunque de hecho están purgando una condena anticipada
por el atentado incendiario contra maquinaria de Forestal Mininco, ocurrido
en el fundo Las Praderas el 25 de Diciembre de 2006.
Refuerzos para defensoría mapuche
Los querellantes son la representante de la Presidenta Bachelet, la Intendenta
Nora Barrientos, y Forestal Mininco. La fiscal Vania Arancibia ha solicitado
nueve años de prisión para ambos formalizados, acusándolos
de los supuestos delitos de incendio y porte de armas. En la práctica,
ellos tenían una nula defensa legal pues a lo largo de todo el año
2007, los abogados de la Defensoría Pública Mapuche (Ricardo Cáceres
y Jaime Löpez) nunca solicitaron su libertad bajo fianza, ni impugnaron
la declaración por la cual Painemil inculpó a Llaitul en el hecho
investigado. Ahora la situación es diferente, ya que el abogado de Derechos
Humanos Juan Enrique Prieto (de la Fundación Laura Rodríguez, vinculada
al Partido Humanista) y el ex Juez Juan Guzmán (Centro de Derechos Humanos
de la Universidad Central) están apoyando a los defensores públicos
en el tema. A pedido de la organización de Familiares de Presos Políticos
de la Coordinadora, que teme la orquestación de un montaje en contra de
los inculpados, se harán presente en el juicio asimismo observadores de
organizaciones de derechos humanos de Chile y el extranjero.
Duro informe de Asociación Americana de Juristas
Las irregularidades de este y otros procesos fueron denunciadas por los presos
políticos mapuche de la región a una delegación internacional
de la Asociación Americana de Juristas, que realizó en enero de
este año una visita in situ a la Novena Región, visitando comunidades
y cárceles en que están recluidos hombres y mujeres mapuche. La
misión, encabezada por la abogada Graciela Alvarez, Presidenta de la filial
chilena de la entidad, emitió un duro informe esta semana en Santiago
de Chile, con un recuento de las violaciones a los derechos humanos y al debido
proceso. El informe se hace eco de las denuncias de militarización del
territorio de todas las comunidades que defienden sus tierras ancestrales y hace
presente, entre otras consideraciones, la indefensión en materia legal
que afecta a los presos políticos y a las comunidades, sus familias y
en especial sus niños frente a la violencia desplegada en su contra por
agentes del Estado en los constantes allanamientos de que son objeto.