Nº 1070 - Santiago, 11 de enero de 2002
Ralco: Hacerle zancadillas al opresor
Por Claudio Escobar

Se desmoronaron casi todas mis esperanzas cuando el viernes 28 de diciembre supe que Berta Quintremán Calpán, una de las dos hermanas que integran la resistencia pehuenche, estaba en la ciudad de Los Angeles firmando lo que hasta ese entonces creíamos era el documento en el cual consentía la permuta de sus tierras, quitando así uno de los escollos más férreos para la construcción de la represa Ralco en el Alto Bío Bío.

Vulgarmente, nos "bajoneamos", pero empezamos a tejer red (llamadas telefónicas y correos electrónicos), a indagar qué era lo sucedido y a tratar de generar gestos rápidos y eficaces para contrarrestar este duro golpe que nos asestaba ENDESA.

Lo cierto es que Nicolasa y Berta Quintremán Calpán firmaron en gestión autónoma, un "preacuerdo" llamado técnicamente de "cierre de negocio y promesa de contrato" mediante el cual ENDESA se comprometió a entregar 200 millones de pesos por sus hijuelas (cada una no mayor a 4 hectáreas) y al menos 70 hectáreas de tierras en un sitio escogido de la VIII región "en caso de llegarse a concretar la permuta de sus tierras. Este preacuerdo NO era la aceptación de la PERMUTA en forma directa", y significó para cada una de las hermanas un anticipo de 10 millones de pesos.

Extraoficialmente, empezamos indagar y a saber las razones que dieron marco a este proceder: la precariedad económica en la que se encontraban, el abandono del gobierno, la fuerte presión de la ENDESA (lo que ha significado inestabilidad en sus familias y cotidianos) y la ausencia de ayuda por parte ecologistas y voluntarios.

Pero la verdad se supo efectivamente el sábado 5 de enero, momento en el cual confirmaron a la prensa que su firma no equivalía a permutar y que estaban "firmes" (término utilizado en la zona) para seguir luchando en contra de la represa. Dijeron que recibieron el dinero "sólo como una indemnización por todos los perjuicios provocados por la construcción de la central hidroeléctrica Ralco". Es decir, recibieron dineros frescos, en lo que ellas consideraron como una reparación a los "tantos daños que ellos nos han hecho".

"Conversar no es permutar", "nuestra tierra no está a la venta", "nunca abandonaré mi tierra. Es terreno sagrado de mi padre y de mi madre. Cómo voy a estar cambiando a mi padre y a mi madre", dijeron.

Los abogados defensores de las familias en resistencia aclararon que el documento firmado por Berta y Nicolasa deja una "vía de escape" en caso de incumplimiento, pues se estipula que, si así sucediera, los dineros serán "considerados como abono a futuros pagos por el uso o servidumbre del terreno legal, según lo establecido en la legislación vigente", cláusula que utilizarán para no devolver el dinero.

La verdad es que el Alto Bío Bío, desde la llegada de ENDESA es prácticamente una zona con guerra de baja y no tan baja intensidad, donde la violencia la ponen la ENDESA y el Estado proclive a esta transnacional española. Una zona militarizada, con daños irreparables a sus ecosistemas (50% de avance) aún no estando la represa autorizada desde la perspectiva indígena, con invasión sin autorización de los predios no permutados, con faenas de construcción altamente ruidosas (tronaduras), el menosprecio y la ofensa de la gente de ENDESA hacia aquellos que no quieren permutar, con aumento de alcoholismo, con población externa llegada súbitamente, con la destrucción de las comunidades que han internalizado a su interior y al interior de las familias el conflicto. El Alto Bío Bío es tortura y violación de los derechos humanos del pueblo pehuenche. El gobierno lo sabe y calla, porque ENDESA-España financió parte de la campaña presidencial de Ricardo Lagos.

Pero el gesto y las paradojas que de él emergen se vuelven hacia los que desde la mirada de la civilidad hemos pretendido hacer nuestro modesto aporte a frenar la estupidez humana llamada Ralco... ¿Cómo ha sido nuestra inserción en esta lucha?, ¿hemos dado todo lo que debemos dar?, ¿cómo evitar que las familias en resistencia vuelvan a tener el sentimiento de abandono que a raíz de estos sucesos han externalizado? Si las 7 familias están firmes, ¿está firme la sensibilidad de la civilidad chilena, para emprender la tarea de solidarizar con el derecho a existir del pueblo pehuenche?


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