viernes 22 de marzo de 2002

Violencia en Ralco
Investigación parte de cero

Por primera vez en la Octava Región, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción designó ayer a Diego Simpertegui ministro instructor para que investigue la posible comisión de actos terroristas en el Alto Biobío durante las últimas y violentas protestas de comunidades pehuenches.

La decisión fue tomada después que los ministros analizaran los procesos criminales abiertos en el Juzgado de Santa Bárbara, en los cuales se indaga el incendio de camiones que trabajan en la construcción de la hidroeléctrica Ralco, a la cual se oponen grupos indígenas.

Así, la Corte acogió la petición del Ejecutivo, que el martes invocó a través de un requerimiento la aplicación de la Ley sobre Conductas Terroristas. La acción legal denuncia la infracción a los artículos 1 y 2 de la Ley 18.314, que sanciona -con penas de entre 5 años y un día a 20 años de cárcel- a quien cause temor en la población a través de atentados en contra de medios de transporte, poniendo en peligro la vida de personas.

El presidente de la Corte de alzada, ministro Freddy Vásquez, explicó que la resolución del Pleno no significa que los delitos denunciados hayan sido perpetrados. ''Será labor del ministro instructor determinar la efectividad de los hechos, pudiendo concluir al término de su trabajo lo contrario'', precisó el alto magistrado.

La designación para asumir la instrucción del sumario recayó en el juez que coincidentemente ayer inició su labor en el máximo tribunal penquista. Diego Simpertigue Limare, tras ser notificado de su nombramiento, asumió inmediatamente su labor como ministro instructor.

El alto magistrado, proveniente de La Serena, comenzó durante la tarde la lectura de los expedientes. Ese trabajo, indicó el ministro Simpertigue, continuará hoy. Sólo una vez concluido el estudio de los antecedentes decidirá los pasos a seguir, entre los cuales está la orden de practicar diligencias y constituirse en el tribunal de Santa Bárbara.


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