viernes 22 de marzo de 2002

Denuncia contra el Estado en la OEA

SANTIAGO. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la OEA, estudiaría la denuncia presentada por los dirigentes del Consejo de Todas las Tierras, quienes reclamaron al Estado por ser responsable de violaciones a los derechos humanos en perjuicio de más de un centenar de personas pertenecientes a la etnia mapuche.

El vocero del consejo Aucán Huilcamán y el abogado Roberto Celedón y segun indicaron que la denuncia esta fundamentada por una ''injusta persecución judicial'' que se habría iniciado en junio de 1992 y culminado en marzo de 1996, como castigo por ''hacer valer en forma pacífica derechos históricos relativos a su existencia y cultura''.

Tiene relación, agregaron, con los actos organizados y llevados a cabo por integrantes del Consejo de Todas las Tierras durante abril de 1992, como protesta por el quinto centenario de la llegada de los españoles al continente americano. Tales actos incluyeron la conformación de un primer tribunal mapuche y el llamado ''proceso de recuperación de tierras'', en virtud del cual ocuparon varios terrenos aledaños a sus comunidades''.

Como respuesta a tales actos, Celedón explicó que el Poder Judicial nombró a un ministro en visita que tramitó diversas denuncias criminales presentadas por el intendente de la IX Región de la época y fueron perjudicados alrededor de 141 mapuches, quienes alegan graves irregularidades judiciales y graves violaciones a los derechos humanos.

''Prácticamente la admisibilidad del caso nos pone a la puerta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso ha sido bien visto y reúne todos los requisitos para que se lleve a este órgano jurisdiccional de alcance continental, en donde lo que allí se resuelva tendrá un carácter obligatorio'', precisó Huilcamán.

Con esta resolución, los peticionarios tienen un plazo de tres a seis meses para reunir mas antecedentes y entregárselos a la Comisión Interamericana para que el caso sea presentado ante la corte de dicha entidad.

Por otro lado, ayer se informó de una huelga de hambre que iniciaron los lonkos mapuches, Aniceto Norín y Juan Pichún, quienes se encuentran detenidos en la cárcel de Traiguén, por orden del fiscal de Lautaro, decisión ratificada por la Corte de Apelaciones de Temuco.

Tanto el fiscal que lleva la causa como los miembros del tribunal de alzada denegaron la libertad de ambos dirigentes por considerarlos un peligro para la sociedad, mientras se averigua el origen de los dos incendios registrados en diciembre último, y en los cuales estarían involucrados.

Los incendios afectaron a predios agrícolas de particulares, siendo uno de ellos Rucananco, de propiedad del ex ministro Juan Agustín Figueroa. En este hecho resultó totalmente consumida por las llamas la casa patronal del predio.


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