Hace meses que el Ejecutivo optó por apretar las clavijas en el conflicto mapuche; para ello planificó una limpieza a fondo en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y una inyección de energía para erradicar el tumor que podría desencadenar un proceso insurreccional mayor en el pueblo mapuche: la pobreza aborigen. En esta nueva estrategia, Jaime Andrade Guenchocoy, militante del PS, será el hombre orquesta: perfilará el accionar de la Conadi, deberá chequear la tramitación de los proyectos presentados por la comunidades y actuará como un coordinador interministerial para abordar integralmente la problemática indígena. Si lo logra pasará a la historia.

    Al que tiene hambre,
     enséñale a pescar

      -Cuando en 1992 el gobierno de Patricio Aylwin decidió adquirir para 22 familias indígenas de Lonquimay 30 mil hectáreas, en más de seis millones de dólares, el ministro de Agricultura de la época dijo que éste era un caso único e irrepetible. Una década después la entrega de tierras continúa, ¿qué plazos se ha fijado el Ejecutivo para saldar esta deuda histórica?
      -Yo no creo que el problema de tierras sea el único que tiene el mundo indígena ni que sea la solución al tema. Ahí creo que hay que introducir una mirada mucho más amplia. Hay una dimensión política que hay que enfrentar, que es la demanda por reconocimiento y participación. Aunque existe, y eso es evidente, un componente social y económico, puesto que el mundo indígena, particularmente en estas regiones, está asociado a altos niveles de pobreza. Lo que debiéramos intentar es asegurarnos que la restitución de tierras sea garantizada por suficientes apoyos que permitan que no sólo se cumpla la demanda ancestral, sino que efectivamente haya a través de esa entrega de tierras una mejor condición de vida para los pueblos indígenas y que puedan salir de la pobreza. Eso significa hacer una intervención mucho más integral y no reducir el tema a la entrega de tierras.
      -Los 130 millones de dólares para el financiamiento de programas presentados por 650 comunidades y que se concentrarán en las 40 más pobres no se emplearán directamente en la compra de tierras, ¿qué destino tendrán?
      -Es bien importante aclarar eso. Este es un convenio que consta de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se firmó cerca de diez meses atrás, y que tiene como contraparte en el gobierno chileno los ministerios de Salud y Educación, Indap, Conaf y Conadi. Y de lo que se trata es de establecer una relación distinta entre el Estado de Chile y las comunidades indígenas, de forma tal que los proyectos que se lleven adelante, y que estarán concentrados fundamentalmente en los temas de salud, educación y fomento productivo, se elaboren con la participación de las comunidades indígenas, teniendo en cuenta las características y singularidades que las comunidades presentan. Y que, por lo tanto, ellas se vean reflejadas en los proyectos que se llevan adelante que son de desarrollo. Efectivamente, como usted dice, no hay compra de tierras con estos recursos. Es un programa a seis años que se aplicará en dos fases de tres y que comprende, por ejemplo, la educación intercultural bilingüe y la combinación de las técnicas medicinales indígenas con las de la medicina tradicional occidental.
      -Pero el tema central es cómo reconvertir a las comunidades a actividades productivas, que es la única forma de sacarlos de la pobreza.
      -Por ello el aparato de gobierno ha estado interviniendo en este en el tema indígena tiempo no sólo a través de la Conadi. Los programas que existen son de muy diversa naturaleza; Corfo, Fosis y Sernatur han trabajado con comunidades, de manera que la intervención es muy integral. No obstante, estamos hablando de un tema que tiene que ver con la pobreza de nuestro país en general. Por lo tanto, el avanzar en desterrarla de nuestras fronteras no es una tarea de corto plazo.
      -¿Qué ocurrirá con las comunidades que, como Quepuca Ralco, no quieren dialogar con el gobierno?
      -Nosotros estamos intentando llevar adelante un esfuerzo gigantesco con todas las comunidades que están por el diálogo. Con las comunidades que no reconocen en el gobierno y en el Estado a un interlocutor, difícilmente vamos a poder trabajar...

    ¿Por la razón o la fuerza?

      -El Presidente Lagos indicó que reimpulsará la modificación constitucional de reconocimiento de los pueblos indígenas y la ratificación del convenio 169, promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). ¿Con ello acabaría la deuda jurídico-constitucional de Chile con los pueblos originarios?
      -Quiero ser bien franco en esto. Creo que este aspecto tiene evidentemente una expresión jurídica y legislativa; pero es, en el fondo, un tema cultural, que nos tiene que involucrar como país. Como nación debemos asumir que somos un país diverso, culturalmente y desde el punto de vista de los pueblos que componen Chile. Y eso es dar un salto. Por lo tanto, creo que tenemos un debate pendiente y hacer un esfuerzo de enfrentar este problema como Chile. No es una cosa que vamos a resolver con uno u otro organismo.
      -Agrupaciones como Identidad Lafkenche y el Consejo de Todas las Tierras han planteado su inquietud de que el Estado chileno se declare pluriétnico o, incluso, multinacional, ¿de eso estamos hablando?
      -Aquí hay un tema cultural que tiene que ver con reconocer la diversidad y la pluralidad de etnias, y ese es el tema de fondo, efectivamente. Por lo demás, creo que es importante abrir la mirada y abrir la discusión. Hoy la pluralidad étnica es tema de debate, de foro y de trabajo permanente en la ONU, en la OEA y en otros organismos internacionales. Entonces, este no es un invento de la Concertación, como se ha dicho, porque tiene que ver directamente con la modernidad.
      -Estos mismos grupos, en nombre de lo que ellos consideran legítimo validan las tomas de predios. De acuerdo al rechazo a esta forma de reivindicación, señalada por el Presidente, ¿debemos entender que se aplicarían desalojos y represión de la fuerza pública si ocurren usurpaciones?
      -La violencia no ayuda en nada en este tema. Y quiero decir con mucha claridad que la gran mayoría de las últimas ocupaciones de este periodo no siempre han terminado con demandas claras. Prácticamente ninguna ha concluido con negociaciones o acuerdos que signifiquen que se les va a entregar algo a quienes ejecutan las usurpaciones. Hay que terminar con esta idea instalada de que cada vez que hay una ocupación, hay una negociación y una compra de tierras para los indígenas. Eso no es así. En el último periodo muchas de estas ocupaciones han tenido un mero carácter propagandístico.
      -Y ante la bandera de autonomía y autodeterminación enarbolada por grupos de estudiantes universitarios mapuches. ¿Cuál es la visión del gobierno?
      -Ninguna acción que atente contra la unidad de Estado chileno puede tener el apoyo del gobierno. Pero creo que quienes plantean esas orientaciones son francamente grupos minoritarios. Los que están por la autonomía y la secesión, por separarse del territorio, son tan minoritarios que en Chile no tienen expresión política alguna.