jueves 4 de abril de 2002

Ministro Diego Simpertigue

Semana crucial en caso atentados en Alto Biobío

Investigador reconoce haber recibido varios informes de parte de la Dirección de Investigaciones Policiales de Carabineros

El ministro instructor del requerimiento por los atentados en el Alto Biobío, Diego Simpertigue Limare, informó ayer que la causa se encuentra en una etapa muy importante, siendo trascendentales para el futuro del proceso las diligencias que efectúa en estos días.

      Aunque el alto magistrado no tenía personas citadas a declarar, trascendió que habría trabajado toda la tarde en su despacho de la Corte de Apelaciones de Concepción, estudiando los antecedentes recabados hasta ahora, y de los cuales podrían surgir más diligencias.

      Simpertigue dijo no tener claro todavía cuándo regresaría al Juzgado de Letras de Santa Bárbara. La ley que sanciona actos terroristas, invocada por primera vez por el gobierno en la Octava Región, prevé una investigación inicial de 30 días. El plazo es prorrogable.

      Consultado sobre el tenor de los interrogatorios a un conductor, un dirigente gremial y dos carabineros, el ministro instructor rehusó hacer comentarios. "No puedo referirme a detalles del proceso. Lo único que puedo señalar es que efectivamente he estado efectuando interrogaciones y que el resultado de las diligencias de esta semana son cruciales para el futuro desarrollo de la causa", expresó.

      Lo que sí confirmó es la entrega, no de uno, sino de varios informes por parte de la Dirección de Investigaciones Policiales de Carabineros (Dipolcar). Uno de ellos, indicaron fuentes de tribunales, tendría relación con la supuesta participación de un ex MIR como presunto autor intelectual de los ataques incendiarios contra camiones que trabajan en la construcción de la hidroeléctrica Ralco.

      La Corte de Apelaciones de Concepción designó hace dos semanas a Simpertigue para encabezar la investigación solicitada por el Ejecutivo, que calificó como terroristas varios hechos de violencia ocurridos en el Alto Biobío desde el año pasado.

      En tanto, el máximo tribunal penquista declaró inadmisible el último recurso de protección presentado por Endesa, a través del cual solicitaba protección especial policial para quienes trabajan en la central Ralco. La Primera Sala de la Corte estimó que, al completarse el traslado de los transformadores, desapareció el peligro denunciado en el libelo


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