martes 21 de mayo de 2002
Había sido reconocido por chofer
Corte Marcial otorgó la libertad
a dirigente mapuche Héctor Llaitul
  • Integrante de la Coordinadora Arauco-Malleco está siendo procesado por porte y tenencia ilegal de arma por la fiscalía militar de Lebu.
      De oficio, la Corte Marcial de Santiago otorgó la libertad bajo fianza al dirigente de la Coordinadora Arauco-Mapuche, Héctor Llaitul Carillanca, quien permanecía detenido en Lebu y encausado por porte y tenencia ilegal de arma por el fiscal militar de Lebu.
      Llaitul fue detenido durante un operativo policial en la comunidad Pascual Coña, en Cañete, junto a los hermanos Eduardo y Avelino Meñaco, a quienes la jueza Verónica Herrera Ocares dejó en libertad por falta de méritos. Para la policía, los hermanos Meñaco eran sospechosos de los incendios ocurridos en la reserva de la hacienda Lleu Lleu, de propiedad de Osvaldo Carvajal Rondanelli.
      La resolución de la Corte Marcial es resultante de un recurso de amparo presentado en ese tribunal, en favor de Llaitul, tras su detención del 9 de este mes, pero el proceso incoado en la fiscalía militar de Lebu continúa su tramitación hasta que el mismo tribunal de Santiago se pronuncie acerca del "procesamiento ilegal" de Llaitul, según reclama el abogado Pablo Ortega.
      A poco de su detención, en una ronda de presos, Llaitul fue reconocido por el chofer Antonio Boissier Toro como uno de los seis encapuchados que lo emboscó a él y a su padre, en Tirúa, el 15 de abril. No obstante, según explicó el abogado Ortega, no ha sido interrogado por la jueza Herrera. Por este caso, en el tribunal de Cañete se presentaron tres querellas: Una del gobierno, por homicidio calificado en grado de frustrado en contra quienes resulten responsables y otras dos, por los Boissier, por homicidio frustrado causando lesiones gravísimas (pérdida del ojo de Antonio Boissier Cruces) y pidiendo se aplique Ley de Seguridad Interior del Estado.
      Llaitul es asistente social y dirigente de la CAM, entidad que responsabiliza al gobierno por "la injusta encarcelación" de 15 mapuches en Traiguén, Nueva Imperial, Temuco, Angol y Victoria; porque mantiene órdenes de detención en contra de otros 18 mapuches y, porque ha dejado con daños físicos irreversibles a alrededor de 20 comuneros, en acciones que atribuyen a policías civiles y uniformados.

 
 


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