martes 4 de junio de 2002
La década perdida
en política indígena
      Durante el gobierno de Patricio Aylwin se pusieron las bases de la nueva política indígena. En 1993 se aprobó la ley Nº 19.253 que buscaba darle una solución global al conflicto indígena, cuyas manifestaciones violentas habían aumentado durante 1992, aniversario del Descubrimiento de América. Meta de la llamada Ley Indígena es "respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades", además de "proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación".

      Para poder llevar a cabo estas tareas se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), llamada a ser el pilar central de la nueva política indígena. Sin embargo, por diversas razones esta entidad no ha podido cumplir con la tarea que le fue encomendada.

      A poco andar fueron apareciendo las contradicciones de la política gubernamental. En Ralco, la Ley Indígena que obliga a proteger y ampliar las tierras mapuches entró en colisión frontal con la Ley Eléctrica. La pregunta era entonces qué principio primaba: la protección de las tierras mapuches o la necesidad energética del país. El gobierno de Eduardo Frei superó esta incompatibilidad pidiéndole la renuncia al entonces director de la Conadi Domingo Namuncura, quien se oponía a la permuta de tierras. Pero la discrepancia de fondo no fue dirimida y puede reaparecer en el futuro.

      Las contradicciones no terminaron aquí. Según la política iniciada en 1993, la Conadi sería la entidad que negociaría con las comunidades. Sin embargo, con el tiempo el Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan) empezó a saltarse a la Conadi negociando directamente con las comunidades. Por otro lado, los gobiernos regionales también tomaron cartas en el asunto. 

      Otro aspecto en el que ha habido indecisión es en el trato hacia los grupos que realizan actos violentos. Durante el gobierno de Eduardo Frei la política de Mideplan era de no negociar con grupos violentistas. Pero la otrora ministra de Mideplan en los primeros años del gobierno de Lagos, Alejandra Krauss, cambió de estrategia saltándose a la Conadi y negociando directamente con comunidades que habían ocasionado conflictos y acciones de violencia. En ese momento asociaciones indígenas que habían optado por el diálogo y la vía pacífica dijeron sentirse desplazados a favor de grupos violentistas. 

      Pero el problema más grave en los casi diez años de política indígena ha sido sin duda la corrupción, flagelo que parece ser endémico en la Conadi.

      Una pregunta legítima de hacerse es la causa que genera la recurrente corrupción en esta entidad. La respuesta está en la entrega de tierras, eje principal de la actual política indígena. Un 70% del presupuesto de la Conadi se gasta para estos fines.

      Conadi ha utilizado cuatro mecanismos para ampliar las tierras en manos de indígenas. El primero corresponde al traspaso de predios fiscales; el segundo a la regularización de propiedades; el tercero a la compra directa de tierras y por último están los subsidios.

      En las zonas del conflicto ya se acabaron las tierras fiscales con posibilidades de ser traspasadas. Por lo tanto, para cumplir con las demandas de tierra se van a tener que aumentar las compras a través de subsidios y adquisiciones directas.

      El subsidio se otorga por parte del Estado a personas o comunidades para que éstas adquieran en forma directa tierras de particulares no mapuches. Según el reglamento del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, la Conadi elabora un listado con los postulantes a base de puntajes para el cual se considera el ahorro previo, la situación socioeconómica y el grupo familiar. Para el caso de las comunidades se agregan los factores de antigüedad y número de asociados.

      Uno de los problemas de la asignación de subsidios es la falta de transparencia que hay en el proceso de postulación, selección y asignación de los recursos. 

      Pero las irregularidades más graves se han generado en las compras directas. En este caso se trata de tierras que son reclamadas como propias por las comunidades. Una vez formalizada la demanda, la Conadi procede a estudiar el caso. Cuando se decide la compra, esta entidad negocia directamente con los dueños de las tierras.

      Debido al aumento del precio pagado por hectárea, la cantidad de compras que se pueden realizar con el mismo dinero son cada vez menores. Por lo tanto, para satisfacer la demanda se van a tener que invertir sumas cada vez mayores. Se estima que la Conadi tramita actualmente 184 solicitudes, de las cuales sólo alcanza a resolver entre 12 y 18 casos anuales. 

      En las compras directas es la Conadi quien decide qué terreno se compra y a qué comunidad se le entrega. El problema es que en ciertas ocasiones hay discrepancias dentro de las comunidades para las que se compran las mismas tierras o un mismo terreno es reclamado por dos comunidades. 

      Pero el hecho que demuestra en forma más patente el fracaso de la actual política indígena es su incapacidad de solucionar el conflicto, el que incluso se ha agravado, pese al vertiginoso aumento del presupuesto invertido en la compra de tierras en los últimos años.

    Libertad y Desarrollo


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