Centro de Documentaciˇn Mapuche Documentation Center
Santiago de Chile, 10 de Marzo del año 2002
Indígenas de distintas zonas sureñas están concurriendo a la zona del Alto Biobío para apoyar a la comunidad local de Ralco. 

(Foto: Copesa)

Indígenas amenazan con nuevas movilizaciones en la zona de la alta cordillera de la Octava Región

Incidentes en Ralco: prevén radicalización del conflicto

El reclamo de promesas incumplidas esgrimido por una comunidad pehuenche dio inicio a un apoyo funcional por parte de grupos mapuches, quienes volcaron la problemática del Alto Biobío a una abierta oposición y resistencia a la construcción de la represa de Endesa.


Fabian Alvarez/Concepcion 

Las manifestaciones ocurridas en los últimos días en el Alto Biobío para impedir el traslado de uno de los transformadores que se utilizarán en la central Ralco, son un hecho que se veía venir a raíz del descontento de las comunidades de Ralco Lepoy y principalmente de Quepuca Ralco, las que ya a mediados de enero habían protagonizado incidentes con Carabineros, a raíz del incumplimiento del protocolo de acuerdo firmado el 25 de octubre de 1998 por 184 familias pehuenches con Endesa y el Gobierno. A través de éste, en un plazo de tres años debían lograr mejoras sociales, lo que hasta ahora no se ha concretado.

Las protestas que dejaron 58 detenidos y 26 heridos, indignó a distintas comunidades mapuches de la Novena y Octava Región, quienes durante este fin de semana se han trasladado en masa a la zona para apoyar a la comunidad local. Incluso, Aucán Huilcamán, líder del Consejo de Todas las Tierras, es aún más claro al afirmar que a partir de ahora se abre un nuevo escenario: "Nos hemos comenzado a organizar para reaccionar ante la violencia indiscriminada de Carabineros", anunciando de esta forma lo que se espera marque los próximos días: nuevos incidentes imposibles de frenar.

Ante esto, existe gran preocupación por parte de los efectivos policiales quienes se mantienen expectantes ante nuevas movilizaciones.

Tranquilo verano
El descontento de los pehuenches se logró aplacar durante el verano en el Alto Biobío, época que tanto fuentes policiales como gubernamentales consideraban "de alto riesgo", debido al tradicional aumento de visitantes a la zona ligados a movimientos ambientalistas y a mapuches radicalizados.

Precisamente la discreta presencia de estos habituales grupos de apoyo permitió mantener latente el conflicto, el que sólo reflotó hace unas semanas con el anuncio del traslado de uno de los dos transformadores necesarios para la central Ralco.

El viernes 22 de febrero cuando una de las dos maquinarias comenzó su recorrido desde el puerto de Talcahuano hasta la zona de la alta cordillera, las familias opositoras al proyecto, lideradas por las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán, y las facciones más radicales a esta construcción, encabezadas por la dirigente Carmen Paine, levantaron la voz, volcando nuevamente las miradas al Alto Biobío.

Este hecho originó que la comunidad de Quepuca Ralco viera la oportunidad de reflotar el tema de los incumplimientos de los acuerdos, iniciando nuevamente la ofensiva que el martes pasado se concretó con el corte de la ruta Ralco-Guayalí por 18 horas y que dejó como saldo 58 personas detenidas, la mayoría de estos pehuenches del área.
 
Querella criminal
El diputado del Partido Socialista (PS) Alejandro Navarro junto con el abogado Roberto Celedón dieron a conocer que presentarán una querella criminal ante tribunales por la violencia innecesaria que ha sostenido Carabineros contra siete familias pehuenches que habitan en la zona del Alto Biobío. 

Asimismo, anunciaron que solicitarán un ministro en visita y que presentarán un recurso de protección en la Corte Suprema si las autoridades no amplían la visa de extranjería que fue denegada -con la excusa de desarrollar supuestas acciones extremistas e infringir el reglamento de extranjería- al ciudadano de origen catalán, Marc Serra Torrent, quien se haya investigando la situación de los pueblos originarios indígenas para medios españoles. 

En la oportunidad, exhibieron explosivos lacrimógenos y casquillos sin percutar, como muestra de los instrumentos lanzados por los funcionarios policiales a sectores residenciales. 

Celedón aclaró que los efectivos policiales no han sido víctima de represión de parte de los pehuenches, sino que son estos últimos los verdaderos afectados. Según él, la mayoría de los detenidos en Chillán han sido maltratados tanto física como sicológicamente. 


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