 |
 |
|
|
Empresa interpuso ayer un recurso de protección y se querelló en contra de una dirigente pehuenche por injurias
 |
| El transformador ayer retomó
el camino a Quepuca Ralco, luego de estar dos días sin avanzar debido a las malas condiciones meteorológicas. Su paso es custodiado por un fuerte operativo policial. (Foto: ALIPIO VERDUGO) |
Un recurso de protección a favor de sus trabajadores interpuso ayer la empresa Endesa en la Corte de Apelaciones de Concepción para solicitar una mayor presencia policial en las faenas que se realizan en el Alto Biobío, tras los incidentes protagonizados por comuneros en el sector Malla hace una semana.
Asimismo, la firma se querelló por injurias y calumnias en contra de la vocera pehuenche y opositora de la Central Ralco, Carmen Paine Tranamil, quien afirmó que el ataque incendiario que afectó a un camión de la contratista de Endesa Fe Grande el 3 de marzo pasado, fue un autoatentado para culpar a los comuneros y generar un ambiente de hostilidad en el área.
En Santiago, Pablo Irarrázabal, presidente de Endesa, y Héctor López, gerente general, concurrieron a La Moneda sin formular declaraciones a su salida. Fuentes del sector informaron a La Tercera que los ejecutivos fueron a Palacio para plantear su inquietud sobre la violencia que se ha vivido en la zona durante la última semana.
A su vez, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Ariztía, también asistió a La Moneda donde se reunió con el vocero del gobierno, Heraldo Muñoz. Tras salir del encuentro, bajó el tono de sus cuestionamientos del martes sobre el tema indígena.
"¿Quién habló de críticas? Nosotros
siempre quisiéramos que los problemas se resuelvan. En el tema indígena
se han ido acentuando ciertos inconvenientes. Basta con saber las miles
de hectáreas incendiadas en el invierno, los problemas que están
sufriendo los residentes en las distintas hectáreas agrícolas.
Hay distintos inconvenientes, pero hay que buscarles solución, y
ésta no pasa por reprimir con más fuerza ni que la autoridad
sea más dura bajo ese punto de vista", alegó.
Paramilitares
Sobre las versiones que revelaban la posible presencia de un grupo
paramilitar en La Araucanía, el subsecretario de Interior, Jorge
Correa, señaló que "por el momento la supuesta existencia
de este grupo no pasa de ser un llamado anónimo a una radio y eso
es sólo lo que existe. El gobierno está investigando este
hecho y lo continuará investigando para llevar la calma a la población,
pero no existe una situación de alerta".
También indicó que se está evaluando la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado.
Sobre el viaje del dirigente del Consejo de Todas las Tierras,
Aucán Huilcamán, a una reunión de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) en Estados Unidos, la autoridad indicó
que el tema le parece "legítimo".
Niegan ministro en visita
Ayer, los magistrados de la corte penquista resolvieron -por unanimidad-
rechazar la petición de un ministro en visita para que investigue
los incidentes del Alto Biobío, solicitada el martes pasado por
el abogado Roberto Celedón, representante de los pehuenches detenidos.
El tribunal de alzada señaló que dicha investigación
es materia de la Fiscalía Militar de Chillán, debido a que
los procesados enfrentan cargos por maltrato de obra a carabineros de servicio.
Traslado de transformador
El transformador de Endesa culminó ayer, prácticamente,
su recorrido quedando a un costado del puente Biobío y restando
sólo cruzar dicho viaducto para ser instalado en la caverna de máquinas
de la Central Hidroeléctrica Ralco, en el Alto Biobío.
La maquinaria permanece en la ruta Ralco-Guayalí, a unos 21 kilómetros de Ralco, en el sector El Avellano.
El transformador avanzó siete kilómetros desde el sector El Saltillo, partiendo su recorrido sólo a las 13 horas, debido a la intensa lluvia que se dejó caer en la zona cordillerana durante la mañana. Lo anterior hacia peligroso el traslado de la maquinaria al enfrentar pronunciadas pendientes de una ruta resbaladiza. El transformador llegó a su última parada pasadas las 17.30 horas.
Durante el trayecto fue fuertemente escoltado por carabineros del Grupo de Operaciones Especiales (Gope) y de Fuerzas Especiales de Concepción y Santiago.
El fiscal militar de Chillán, capitán Iván Santibáñez, quien investiga los incidentes registrados la semana pasada en la zona, se constituyó ayer en el Alto Bíobío para efectuar una inspección ocular a las viviendas de los pehuenches que habitan en el lugar, quienes denuncian violencia innecesaria por parte de carabineros. Además, constató en terreno los destrozos provocados a vehículos fiscales de la policía uniformada.
Fiscal militar inspecciona daños a viviendas
El fiscal Santibáñez acompañado de peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Concepción, se trasladó hasta el sector Malla, donde habita gran parte de la comunidad Quepuca Ralco, lugar donde se registraron los enfrentamientos que derivaron en la detención de 55 personas. De éstas, nueve están procesadas y en libertad bajo fianza por maltrato de obra a carabineros con resultado de lesiones.
Santibáñez señaló a La Tercera que esta inspección es una diligencia propia de todo sumario militar y también responde a una solicitud efectuada por el abogado de los pehuenches detenidos, Roberto Celedón.
Este último, interpuso ante la Fiscalía Militar de Chillán una denuncia en favor de 40 comuneros por detención ilegal, allanamiento ilegal, uso innecesario de violencia con resultado de lesiones, apremios ilegítimos, daños, apropiación indebida, falseamiento militar y abusos deshonestos en contra de tres mujeres pehuenches.
En el sector Malla, el fiscal incautó cartuchos de bombas lacrimógenas recogidas al interior de las casa, e hizo fijaciones planimétricas.
Confirmó que ya se han efectuado careos entre efectivos policiales e indígenas, tras los cuales determinó someter a proceso a los nueve pehuenches, entre ellos la única mujer, María Curriao, dirigente de la comunidad Quepuca Ralco.
Precisó que investiga con igual celo las acusaciones en
contra de los detenidos como la denuncia en contra de Carabineros, por
constituir esta última presuntos delitos que están dentro
de su competencia, por estar dirigidos en contra de personal policial.