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Santiago de Chile, 22 de Marzo del año 2002
 

Ayer el subsecretario de Mideplán, Jaime Andrade, presentó ante el Consejo de la Conadi un plan reestructuración de la entidad que sólo contempló aspectos administrativos.

 (Foto: XIMENA NAVARRO) 

Débiles anuncios de subsecretario de Mideplán en Cañete

Reestructuración de Conadi será sólo "administrativa"

A seis meses del escándalo por la venta de tierras en La Araucanía y tras la salida del ex director, Edgardo Lienlaf, los cambios anunciados por el nuevo coordinador de Programas y Políticas Indígenas sólo abarcaron procedimientos y aspectos operativos.


Control de gestión, modernización en el campo financiero administrativo y participación de los actores del conflicto indígena, son los principales aspectos que se desarrollan en la propuesta de reestructuración presentada ayer al Consejo de la Conadi por el subsecretario del Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplán) y recién nombrado coordinador ejecutivo para las Políticas y Programas Indígenas, Jaime Andrade.

 El subsecretario aclaró que "hay consenso en todo lo que tiene que ver con mejorar los sistemas de control de gestión, es decir, que pueda haber mecanismos mediante los cuales se haga un seguimiento de todos los programas, los fondos y de todos los servicios que la Conadi entrega a sus usuarios".

 Agregó que "hay medidas que tienen que ver con el fortalecimiento de los recursos humanos y hacer una gestión integral, pero también hay que hacer algunos ajustes respecto de programas que deberían ser más descentralizados, según manifestaron los consejeros de la Corporación (...) La Conadi ha tenido cierta debilidad institucional que queremos corregir con esta reestructuración".

 En relación al manejo del Fondo de Tierras y Aguas, la unidad más cuestionada de la institución, Andrade dijo que "no habrá variaciones, sino que lo único que se realizará es un perfeccionamiento del reglamento con que se aplica éste, pero lo sustantivo, es decir, lo que está detrás que es el tema de la compra y los procedimientos establecidos de ingreso de demanda, de negociación y compra se mantienen exactamente igual".

 A modo de ejemplo, Andrade explicó que "en algunos casos se ha trasladado a las comunidades. Pareciera ser que la experiencia indica que, a pesar de que se haya hecho con el consentimiento de éstas, no parece que necesariamente sea un buen mecanismo, porque las reinstalaciones son bastante complicadas y debilitan mucho a las comunidades desde el punto de vista de identidad y cultura. Ese es un elemento que el reglamento debiera revisar''.

 Este anuncio eliminaría la posibilidad que los terrenos comprados por la Conadi fueran mediante la utilización de un "banco de tierras", en que los dueños de los predios pudieran ofrecer libremente sus propiedades a la Conadi, tal como se anunció el año pasado en medio del escándalo en la Novena Región, del cual, según Andrade, no ha terminado la investigación. Así se pretendía eliminar la presión sobre la decisión de compra que ejercen las tomas.

 Para este año, el presupuesto de la Conadi es de $20 mil millones. De esos, $14 mil millones, son para compras de terrenos de 25 a 30 comunidades de la VIII, IX y X regiones.
 
 

Aylwin
Paralelamente, el ex Presidente Patricio Aylwin, coordinador de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato establecida por el gobierno para recoger la demanda del mundo indígena el año 2000, rechazó las críticas en torno a los escasos resultados obtenidos por esta instancia.

 "Hemos querido sustraernos de la coyuntura para poder cumplir con la tarea que se nos fijó, que es procurar un consenso en torno a la verdad histórica y hacer una sugerencia de un nuevo trato con el mundo indígena. Preferimos no participar de la contingencia ni mezclarnos para no perder la objetividad en el análisis", manifestó el ex mandatario Esta defensa surgió a raíz del balance publicado ayer por La Tercera respecto de las medidas que ha dado a conocer la administración de Ricardo Lagos para el desarrollo y reivindicación de los pueblos originarios, las cuales han sido concretadas sólo en un 57%. De los 19 anuncios del gobierno sólo ocho se han realizado en un ciento por ciento.

 En relación a la instancia que preside Aylwin, ésta no ha presentado ningún pre-informe de su gestión. Según manifestó el ex Presidente, "el estilo de trabajo de la comisión es en base a una reflexión de los temas, y no daremos a conocer ningún avance hasta entregar el informe final". Sugirió que es posible que una vez que el análisis esté hecho, será necesario hacer "modificaciones a la ley indígena. Porque estamos en el trabajo de investigación y aún no pasamos a la elaboración de las ideas".
 
 

Lista
Ayer y en medio de las denuncias de violencia en el sur del país, los parlamentarios RN por la Novena Región, Alberto Espina, José García y el diputado José Antonio Galilea le entregaron al ministro del Interior (s), Francisco Vidal, una lista con nueve nombres de presuntos responsables de planificar los ataques y quemas de terrenos a dueños de la región.

 Sin embargo, Espina declinó informar quienes serían los involucrados y aseguró que no son mapuches.

Nombran ministro instructor por atentados a Endesa

El pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción resolvió ayer nombrar al magistrado Diego Simpertigue Limare como ministro instructor de la causa que se abrirá por infracción a la ley sobre conductas terroristas para investigar los atentados incendiarios perpetrados a camiones contratistas de Endesa en Ralco.

 La decisión de la Corte se adoptó tras estudiar el requerimiento por ley antiterrorista que presentó el intendente de la Octava Región, Jaime Tohá.

 El nombramiento recayó en Simpertigue, quien ayer integró sala por primera vez en el tribunal de alzada penquista, luego de ser nombrado el miércoles en reemplazo del fallecido magistrado Fidel Henríquez. Anteriormente, Simpertigue -quien lleva 20 años en el poder judicial- se desempeñó como juez de garantía en La Serena, Cuarta Región.

 El proceso -que requerirá la dedicación exclusiva del ministro- incluirá la investigación de los cuatro atentados incendiarios perpetrados contra la maquinaria contratada por Endesa en la alta cordillera. estos han ocurrido entre septiembre del año pasado y la semana pasada.

 Hasta ayer, las causas estaban radicadas en el Juzgado de Letras de Santa Bárbara, donde tanto el gobierno como Endesa han interpuesto querellas en contra de quienes resulten responsables.

 Los expedientes ya se encuentran en poder del ministro instructor, quien no ha determinado aún las primeras diligencias.

 El presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, Fredy Vásquez, explicó que "aquí sencillamente frente a un requerimiento se estimó en principio que podría en algún momento estimarse que hay delito (...), pero puede suceder de que el ministro diga: 'mire la verdad de las cosas es que yo instruí esta causa y no hay delito terrorista', ordenando continuar el proceso en el tribunal de Santa Bárbara", dijo.

 Según fuentes cercanas al caso, en el escrito presentado por el gobierno sólo se indica que se trataría de un grupo de personas reducido, que siempre actúan de la misma forma, y en una zona acotada del Alto Biobío, sin identificar posibles sospechosos.



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