Centro de Documentaciˇn Mapuche Documentation Center
Santiago de Chile, 09 de Enero del año 2002
 
José Bengoa apoya las críticas 
formuladas por el ex director 
de Conadi, Domingo Namoncura, 
en contra de las permutas que 
realizó Endesa con los pehuenches 
de Ralco. (Foto: Alipio Ortega)
José Bengoa, actual integrante de la Comisión de Verdad Histórica, formula duras críticas al rol del gobierno en el conflicto del Alto Biobío

Fundador de Conadi sostiene que Endesa engañó a los pehuenches

El cientista social asegura que las permutas se hicieron bajo presión y sostiene que la entidad de la cual él cimentó las bases "ha sido sobrepasada".


Héctor Rojas 

Mientras el segundo transformador de la hidroeléctrica Ralco se encuentra a sólo un día de camino para llegar a su destino en el Alto Biobío y recorre los rutas de la Octava Región custodiado por más un centenar de efectivos policiales, el historiador y ex rector de la Academia de Humanismo Cristiano, José Bengoa, admite que esta imagen corresponde al peor escenario imaginado por él hace más de 10 años, cuando fue un hombre clave en el gobierno de Patricio Aylwin para la elaboración de la Ley Indígena y el diseño de lo que hoy es la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

 Además, el actual miembro de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato hacia los Pueblos Indígenas, se lamenta del requerimiento por ley antiterrorista presentado por el gobierno hace dos semanas. "Estoy en desacuerdo con que se quemen los camiones. No soy abogado, por lo que no soy capaz de decir cual es la ley más adecuada para que esas cuestiones no ocurran. Ahora, yo creo que el tema del Alto Biobío tiene que manejarse políticamente", alega.

 "En el caso de Ralco, la Conadi es una institución que ha sido sobrepasada. Es una entidad muy reciente, que no tiene mucha historia, que tiene en general un mandato bastante limitado y se vio enfrentada a un fenómeno de alta complejidad como es la construcción de la represa", explica el cientista social.

 Agrega que "nadie pensó que el sistema de permutas iba a terminar siendo el sistema para sacar a las personas de su lugar cuando se construyera una represa. El sistema de permutas se hizo en la Ley Indígena para casos particulares e individuales, no para casos masivos, como sacar a 100 familias (como ocurrió en Ralco)".

 Los vacíos legales, a su juicio, han permitido que "el proceso quede sometido a la ley del más fuerte y la ley del más fuerte se transformó, como es obvio, en la fuerza de la empresa Endesa que por la vía de los hechos, ha ido construyendo la represa".

 "Los pehuenches -sentencia- no sabían lo que iba a ocurrir cuando vieron que se estaban llenando de camiones y haciendo caminos. Ha sido una cosa tras otra, finalmente se hicieron las permutas, con bastante presión. Domingo Namuncura lo demuestra en su libro, no son invenciones. La gente creía que le iban a dar tantas hectáreas y había firmado por tantas menos. Hay engaño ahí de parte de Endesa, eso está demostrado. Se ha ido haciendo la represa a la fuerza".

 Ante estas duras acusaciones, La Tercera contactó a Endesa para obtener una reacción, pero en la firma se informó que no harían declaraciones.
 
 

Errores del Estado
Bengoa señaló que el principal error de las autoridades es "dejar negociar a la empresa frente a los pehuenches, sin la intermediación de ninguna autoridad", refiriéndose a las siete familias que actualmente se oponen a permutar sus tierras, encabezadas por las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán.

 "El Estado tiene que ejercer su responsabilidad en la zona. Este no puede ser un conflicto de particulares entre Endesa y las comunidades, aquí hay cuestiones en las cuales el Estado tiene la obligación de actuar por el bien común y eso significa no sólo poner a la policía frente a las comunidades, significa también estar entre los distintos intereses legítimos que hay en juego", señaló.

 Sobre la Ley Indígena, Bengoa se lamentó que en la discusión del proyecto -en el que le correspondió participar activamente se omitiera todo lo relativo a las relaciones entre megaproyectos y las comunidades indígenas, en que se establecían mecanismos de consulta y de reparación en caso de expropiaciones. "Todavía Ralco no existía, pero lo pensamos porque resulta que en el mundo este es uno de los mayores conflictos que existe. Era miope pensar que en Chile no iba a ocurrir. En América Latina, solamente, deben haber en este momento más de 60 conflictos entre grandes proyectos y comunidades indígenas", señaló.

"Vicios de consentimiento"

En el capítulo tres del libro Ralco: ¿Represa o pobreza?, el ex director de la Conadi, Domingo Namuncura, relata en detalle las 64 entrevistas grabadas en video que sostuvo una delegación del organismo con familias pehuenches que habían firmado solicitudes de permutas o solicitudes de autorización de servidumbre de tránsito con Endesa. Los encuentros se realizaron en una notaría de la localidad de Santa Bárbara entre noviembre de 1997 y mayo de 1998.

 Como conclusión, el equipo jurídico de la Conadi, estableció que "durante el período de conversación que los funcionarios de Endesa sostuvieron con los pehuenches firmantes, a las familias se les formularon cierto tipo de promesas en dinero y especies que los pehuenches dieron por aceptado y confirmado, en tanto que lo escrito realmente en las promesas de permuta, difería de lo conversado".

 Otras conclusiones son que: "la solicitud de la permuta se enmarca en la realización del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, y no en la libre y espontánea voluntad por permutar la tierra; existe una expectativa económica al margen de la permuta propiamente tal que aparece insatisfecha. Lo anterior implica que la permuta propiamente tal, en los términos expresados en la solicitud, no responde a lo que el propietario indígena estima que debe recibir a cambio". En definitiva, el Consejo de la Conadi determinó que en los contratos había "vicios de consentimiento".

 Cabe destacar, sin embargo, que en enero del 1999 el consejo de la Conadi aprobó nuevas condiciones para aprobar las permutas de terreno. Actualmente, sólo siete familias se oponen a las permutas, mientras que el resto reclama el incumplimiento del protocolo de Endesa -que se comprometía a hacer inversión social-, y del gobierno en 1998


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