Conadi debe resolver
Noviembre es mes decisivo
para proyecto central Ralco

Gerente de Pangue anunció que Endesa presentará plan de asistencia técnica a familias, apenas se aprueben las permutas de tierras.

Nello Rolleri Veloso.

El proyecto hidroeléctrico Ralco, la segunda central hidroeléctrica en el Alto Biobío, se encuentra actualmente en manos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, que debe decidir si aprueba o rechaza las solicitudes de permutas de tierras presentadas por 83 familias pehuenches.

La Endesa ha manifestado que la construcción, paralizada hace tres meses, debe reiniciarse durante el presente mes porque peligra su entrada en operación el año 2002, como lo establece el calendario de obras aprobado por la Comisión Nacional de Energía. Sin embargo, siguen pendientes interrogantes respecto a qué ocurrirá con las ocho familias, que encabezan el lonco José Antolín Curriao y las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán, que mantienen su oposición a dejar sus tierras.

El ex director de la Conadi, Domingo Namuncura, cuestionó los contratos de arrendamiento firmados por Endesa con tres familias pehuenches para la construcción de caminos de acceso a la zona de la represa. Tampoco se ha definido el plan de asistencia por 10 años para la relocalización de los pehuenches.

El gerente general de Pangue, Ignacio Sweet, respondió a algunas de éstas inquietudes:

-¿Qué ocurre con los contratos de arrendamiento de tierras indígenas?

-Tal como lo dijimos en su momento, estamos convencidos de que esos tres contratos son plenamente válidos. En cuanto se puso en duda sobre su legalidad, inmediatamente fueron sometidos a la Conadi, en julio pasado, sin perjuicio de que estimamos que no se requiere su autorización, porque la ley es muy clara con respecto a arrendamientos con plazo de cinco años o menos.

Además son tremendamente beneficiosos para los propietarios de esas tierras. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido ninguna opinión de la Conadi.

Pese a ello nosotros valoramos que la Conadi haya podido reagruparse en su consejo y haya reiniciado reuniones con sus consejeros indígenas. Por eso esperamos que esto permita abordar estos temas, porque el proyecto Ralco es urgente para el país.

-¿Porqué se ofrecieron beneficios a familias no afectadas directamente con la inundación?.

-El plan de relocalización, que fue aprobado oportunamente por la Conama, fue ampliamente debatido y discutido con un grupo de profesionales especialmente contratado por este servicio, porque el impacto más importante del proyecto es aquel sobre las personas.

En ese plan se incluyen actividades y acciones que van en beneficio de la totalidad de las dos comunidades afectadas, que son Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy.

A raíz de la mesa de conversaciones que se realizó en Los Angeles el 12 de agosto, en que participaron las autoridades, surgió un grupo de 184 familias que no eran afectadas directamente por el proyecto, pero también querían tener beneficios. Ellos enviaron una carta al ministro de Mideplán, planteando sus necesidades más urgentes y nosotros decidimos colaborar para que estas personas puedan avanzar en la superación de la pobreza.

Los temas que se abordaron son básicamente los mismos para los directamente afectados, que son los de vivienda, electrificación, de caminos, educación, cultura, tratamiento de la tierra para recuperarla de la deforestación, etcétera. En ese propósito decidimos colaborar, en el marco del Plan de Desarrollo para el Alto Biobío.

-¿Se puede modificar el plan de relocalización para las ocho familias que se oponen?

-El plan no dispone que haya una fórmula igual para todos, cada permutante es un caso especial. Nosotros como empresa, con cada una de las familias hemos hecho una negociación particular, porque las situaciones son todas distintas. No podemos comparar una persona que tiene, por poner un ejemplo, un predio de diez hectáreas y se le inunda media hectárea, con otra persona que tiene tres hectáreas y se le inundan dos. No es lo mismo de una familia que tiene allegados, de otra que no los tiene. El plan también esta dando solución a estos últimos.

En ese sentido estamos abiertos para con aquellas familias con las cuales no hemos llegado a acuerdos -con varias de las cuales estamos en conversaciones- para ver qué requerimientos y anhelos tienen. Buscaremos una solución de mutuo acuerdo, que signifique una mejoría sustancial de sus condiciones de vida.

-¿Coincide con el director de la Conadi, que hay personas ajenas que intervienen?

-Estos grupos están tratando de impedir que las personas con la cuales no hemos llegado a acuerdo conversen o se contacten con Endesa. Quiero referirme a lo que las propias autoridades han dicho; aquí hay grupos que no son del Alto Biobío, que se han enquistado en el lugar y que están tratando de manipular a las personas para que no puedan ser accedidas por Endesa. Es gente de afuera, que está con otros motivos, políticos, para manejar la situación.

Creemos que con el tiempo los pehuenches se darán cuenta que estas personas, más que un bien, les están haciendo un mal.