Martes 13 de Abril de 1999

Violencia de grupos indígenas

Es muy preocupante la situación que se ha ido generando en torno a un conflicto que parece agravarse según se desprende de las distintas acciones organizadas de presión y destrucción.

El nuevo atentado violentista de grupos indígenas, esta vez con el incendio de valiosa maquinaria agroforestal en Traiguén, deja en evidencia que pese a los posibles avances que se anuncian por parte de la autoridad en cuanto a la entrega de predios a mapuches, sigue imperando un clima de violencia que puede alcanzar una extrema gravedad. Se trata esta vez del cuarto atentado, desde el enfrentamiento con fuerzas policiales en Traiguén tras la realización de un Nguillatún con asistencia de extranjeros, e incluso de políticos, hasta el doble incendio en Lleu-Lleu. Quizás estas acciones marcan una nueva estrategia de los grupos de indígenas que demandan la "recuperación" de tierras que fueron alguna vez de sus ancestros, aunque éstas hoy se encuentran debidamente inscritas de acuerdo a la legislación vigente y cuentan con legítimos propietarios que ejercen plenamente dominio en ellas.

Dentro de este complejo panorama habría que mencionar la muerte por un escopetazo de un agricultor, incidente que las autoridades de gobierno rápidamente denominaron como una simple riña de ebrios, sin darse cuenta que tras la violencia física se oculta siempre la violencia moral, la siembra de odio, que hace posible que vecinos un día se consideren mortales enemigos. Por lo mismo, cabe pensar que esta muerte no habría sucedido sin que antes existiera un clima de violencia y revanchismo que incita a este tipo de actitudes. Igualmente, quienes vieron por los medios de comunicación las amenazas e incluso golpes propinados por indígenas a la entrada de la junta general de una empresa eléctrica en Santiago, deben concluir que existen grupos que están dispuestos a recurrir a ella para imponer sus opiniones.

Cabe ante esta materia una eficaz acción por parte del gobierno a fin de devolver el estado de derecho, hacer respetar la propiedad, impedir las amenazas, atentados y demás acciones violentistas. Para ello cuenta con los instrumentos legales correspondientes y si hasta ahora ha optado por no aplicar la Ley de Seguridad del Estado, cabe preguntarse si se recurrirá a ella cuando haya daños a las personas, muertes y destrucción imposible de reparar. El atentado incendiario en Traiguén abre nuevas sospechas acerca de la presencia de activistas y agitadores ajenos a los movimientos indígenas; ello revelaría que grupos organizados estarían dispuestos a provocar más violencia con fines hasta ahora desconocidos. El gobierno tiene en estos momentos la posibilidad de intervenir, antes que sea demasiado tarde.