Poca claridad en el proceso para asignar predios, así como roles difusos de distintas entidades han conspirado contra la consolidación de este mecanismo en los últimos años.
 

Las recientes denuncias de supuestas irregularidades en el traspaso de tierras a indígenas constituyen una clara muestra de los problemas que han existido en esta materia durante los últimos años.

Diversos actores ligados a la temática de las etnias declararon no estar sorprendidos en lo absoluto por las anomalías que se están investigando en la IX Región.

Estas reflejarían claramente un manejo deficiente que no han logrado enmendar las distintas administraciones de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) ni el Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan).

El tema volvió al tapete porque durante la semana pasada las autoridades presentaron una denuncia por posibles irregularidades en cinco casos, donde al parecer existiría sobretasación y un eventual tráfico de información.

Uno de los principales cuestionamientos es la falta de transparencia existente en el sistema de asignación de tierras.

Hilario Huirilef, consejero mapuche de la Conadi, señaló como ejemplo que desde que asumió su cargo solicitó información detallada respecto de los mecanismos utilizados para entregar terrenos a las comunidades, pero se la negaron.

Al igual que otros personeros ligados al tema, el representante indígena tiene serias dudas tanto respecto al uso que se les está dando a los recursos, como respecto al mecanismo que se utiliza para privilegiar unas comunidades sobre otras a la hora de entregar predios.

Esto último porque para distintos entendidos es un hecho que una de las formas que tienen las comunidades para apurar la gestión de tierras es levantar conflictos, ya que ante ese escenario el Gobierno se esmera por satisfacer las demandas existentes.

El tema de la transparencia no es menor, pues la información no sólo es sorprendentemente negada a los propios integrantes de la Conadi, sino que también a la prensa.

Además, cuando otros organismos estatales solicitan información detallada sobre el tema de tierras, los antecedentes que se remiten suelen ser poco exactos e incluso contradictorios.

Teóricamente es el consejo de la Conadi (integrado por representantes de las etnias y del Gobierno) el que debe establecer un listado priorizado de las demandas indígenas que se irán satisfaciendo.

Sin embargo, consejeros denuncian que en muchos casos eso no se ha respetado, debido a que quienes administran el Fondo de Tierras y Aguas autónomamente han tomado la decisión de ingresar primero a otras comunidades.

Mecanismo en Crisis
En todo caso, obviar el rol de la Conadi en este tema no ha sido una práctica aislada.

En septiembre del año pasado los consejeros mapuches acusaron a la titular de Mideplan, Alejandra Krauss, de suscribir acuerdos supuestamente inconsultos con comunidades indígenas en conflicto del sector de Lumaco.

La polémica volvió a resurgir cuando a los pocos meses el Ministerio del Interior y Mideplan enviaron a la zona de Malleco un representante para dialogar directamente con las comunidades beligerantes en medio de un conflicto, obviando el rol de la Conadi.

Y en febrero, la molestia de algunos consejeros indígenas forzó una reunión con el Ministro del Interior, José Miguel Insulza. Ellos reclamaron por el papel preponderante que estaban adquiriendo los gobiernos locales en los conflictos territoriales.

A estos problemas de "roles", se suman todos los que deben enfrentar las negociaciones propiamente tales, especialmente la especulación de particulares cuando sabían que el Estado estaba interesado en adquirir algún terreno.

ENTREGA DE TERRENOS:

Problema de Recursos Agrava Panorama

Además de los problemas propios del Fondo de Tierras y Aguas y sus posibles irregularidades, el traspaso de terrenos a indígenas presenta otras dificultades objetivas.
Por ejemplo, uno de los principales factores que conspira es la carencia de tierras fiscales en la zona sur, que ha sido el principal mecanismo utilizado hasta ahora para entregar predios a comunidades mapuches.

Esto porque en las regiones VIII y IX están prácticamente agotados los terrenos que Bienes Nacionales podría entregar, y sólo en la X Región la situación es algo más holgada.

Otro elemento que condiciona la prometida entrega de 150 mil hectáreas a los mapuches (aunque el Gobierno asegura que la promesa involucraba a todas las etnias) es el sostenido aumento de precios de los terrenos que se adquieren.

Esto se traduce en que, pese a que se destinan mayores recursos, se compran menos tierras, y ya en 1999 se pagó en promedio más de un millón de pesos por hectárea.

Consejeros indígenas han denunciado que hace cinco años una hectárea de terreno considerado "agrícolamente apropiado" promediaba el millón de pesos, y hoy cuesta hasta cuatro millones, valor que aumenta fundamentalmente por la presión que ejercen comuneros movilizados que exigen al Gobierno su compra y traspaso.

Además, los recursos que se han destinado al Fondo de Tierras y Aguas no son demasiado numerosos. Durante los últimos años poco más de $10 mil millones anuales fueron asignados a este ítem, lo que con suerte alcanza para comprar 10 mil hectáreas.

Según datos oficiales, entre 1994 y 1999 se incorporaron 125 mil 105 hectáreas a las familias indígenas. De ellas más de 90 mil hectáreas fueron traspasadas por Bienes Nacionales, poco más de 31 mil las compró Conadi, y casi 3 mil corresponden a subsidios.

A estas se sumarían las 50 mil que el Gobierno declara haber entregado el año pasado, si bien hasta ahora no se sabe cómo se desglosa dicha cifra.

Además, la Conadi es una entidad que tiene cerca de un centenar de funcionarios en todo el país, y en muchas ocasiones se ve sobrepasada en sus tareas.