Mañana comenzará el deslinde territorial histórico que antecede a la recuperación productiva de 15 mil hectáreas en Ralco
La nueva estrategia pehuenche para recobrar tierras ancestrales

Indígenas descartaron, por el momento, iniciar acciones violentistas y desmintieron atentados a propiedades de colonos del sector
Christian González A., enviado especial

Carabineros mantiene una permanente labor preventiva de vigilancia en la zona de tensión entre indígenas y colonos, en el alto Biobío Intendente (s) y afectados Positivo, aunque breve, fue el balance entregado a La Tercera por el Intendente (S) de la Octava Región, Patricio Huepe García, tras la reunión desayuno sostenida, ayer, en Ralco, con dirigentes de los colonos afectados por la "recuperación productiva de terrenos" iniciada por comunidades pehuenches del sector Queuco, en la comuna de Ralco.  "Como Gobierno, estamos buscando la solución de este problema de manera que resulte para todos. Nuestra principal preocupación es garantizar la seguridad de las personas que habitan la zona y, en tal sentido, estamos desarrollando un trabajo de coordinación en conjunto con pobladores y Carabineros. Hasta el momento, ha dado resultado, pues no se han producido nuevos incidentes", señaló escuetamente la autoridad regional.

Apenas asoma cualquier individuo extraño, se le hace sentir la condición de "amenaza" para la seguridad comunitaria y comienza el despliegue de un a serie de individuos encapuchados que, sólo ante la orden del lonko Segundo Suárez y tras verificar la identidad de los visitantes, emprenden una relativamente pacífica retirada.

En ese escenario, cerca de las 10 horas de mañana, comenzará el deslinde territorial y la preparación de suelos para posterior siembra, programado por la comunidad pehuenche Malla Malla. Esta demarcará las cerca de quince mil hectáreas que los indígenas de la localidad de Ralco pretenden incluir dentro de su programa de "recuperación productiva de tierras ancestrales", actualmente en poder de cientos de colonos que, en los últimos días, han abandonado la zona, de ante presuntas amenazas de atentados en contra de sus propiedades.

Suárez explicó ayer a La Tercera que "la comunidad posee un terreno muy chico, insuficiente para la cantidad de proyectos que queremos iniciar, para garantizar la subsistencia de los nuestros e incluso para comenzar la construcción de nuestras casas. Nosotros pretendemos trabajar definitivamente estas tierras y desarrollarlas como corresponde. Este es sólo el inicio de la recuperación". El líder pehuenche justificó los operativos en la existencia de testimonios históricos que ratifican la pertenencia del lugar. "Es cierto que los colonos se sienten parte de todo esto, pero la convivencia tampoco ha resultado buena. Este terreno es propio de los pehuenches. Hay cementerios que lo justifican y los colonos, en este momento ni siquiera poseen documentos legales que acrediten su propiedad. Su permanencia es centenaria, la nuestra es milenaria", subrayó.

El lonko pehuenche sostuvo que "la única alternativa para deponer el movimiento es la devolución total de la tierra. Es esta tierra o ninguna. No habrá cambios ni por trabajos, proyectos ni por otras tierras. Vinimos a vivir aquí. No vamos a recuperar y después a salir".

En cualquier caso, Suárez dejó abierta una posibilidad de diálogo con el Gobierno, aunque ésta dependería de la eventual cesión de las tierras. De lo contrario, advirtió, permanecerán irremediablemente en el sitio.

Respecto del recrudecimiento de acciones violentistas, la cabeza visible del movimiento pehuenche aseguró que "si eso pasa, sería sólo por responsabilidad del Gobierno. Nosotros hemos agotado todas las instancias de conversación para evitar aquello. Siempre estaremos a la defensiva".

Los colonos, por su parte endosan a las comunidades pehuenches la responsabilidad por la serie de atentados que han sufrido últimamente. Lentamente han radicalizado su posición y, aunque apuntan que sería la última alternativa, no descartan el uso de la fuerza para obtener la reividicación de sus derechos en caso de que el Gobierno sea incapaz de resolver, por la vía pacífica, el problema que los aqueja.