Ante Toma de Terrenos:Preocupación por Aumento de Acciones de Mapuches
Expertos y parlamentarios sitúan raiz del problema en ineficaz aplicación de la Ley Indígena, dictada durante el gobierno de Patricio Aylwin. Preocupación ha causado en distintos sectores la situación creada en torno a la problemática indígena chilena, especialmente de la etnia mapuche, que se ha traducido en el último tiempo en una serie de actos contra la propiedad privada, entre los que se cuenta el incendio de camiones de una empresa forestal, casi una treintena de incendios intencionales de bosques y toma de terrenos, entre otras acciones.
Según los entendidos en el problema, el origen está en el creciente deterioro de las condiciones de vida de las comunidades mapuches y de lo poco eficaz que ha resultado en los hechos la aplicación la Ley Indígena dictada durante el gobierno de Patricio Aylwin.
Este cuerpo legal reconoce el derecho de las agrupaciones indígenas como entidades ancestrales con posibilidad de constituirse con personalidad jurídica.
Sin embargo, las autoridades a cargo del tema se defienden señalando que hay dirigentes indígenas identificados que están incitando a las comunidades mapuches a las tomas con el fin de presionar para que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, compre los terrenos en conflicto, a través del Fondo de Tierras y Aguas.
El problema se agudizó cuando el martes pasado cerca de 130 familias mapuches se tomaron un fundo perteneciente a la empresa forestal Mininco, cerca de Purén. Sostuvieron que el predio, de 550 hectáreas, era hasta la década del 70 parte de un asentamiento del que fueron desalojados y los terrenos vendidos a empresarios privados.
Estas tomas, según los empresarios, podrían tener graves consecuencias productivas, pues se suman a una serie de ataques sufridos por las empresas forestales.
Hasta el momento nadie ha denunciado un uso político concreto del problema mapuche, aunque Lautaro Carmona, miembro del Partido Comunista, señaló que el PC apoya las tomas que el pueblo mapuche realiza, ya que considera que son el único recurso que estos poseen para recuperar las tierras que les pertenecen. Indicó que los terrenos tienen que volver a los mapuches en forma grupal, para que ellos recuperen y mantengan su cultura.
El problema está radicado especialmente en la zona de la Araucanía y Biobío, en donde se concentran 3.100 reducciones indígenas que agrupan entre 60 mil y 65 mil familias campesinas.
En Chile existen, de acuerdo a cifras oficiales, un millón 480 mil indígenas.Todo señala que las tomas irán en aumento y, según los expertos, hay lugares que están expectantes como Ercilla, Collipulli, Purén, Lumaco, Los Sauces, Carahue, Imperial, Puerto Saavedra, y sectores cordilleranos como Lonquimay y Melipeuco.
En Santiago, dirigentes de la organización mapuche Meli Wixan Mapu, que reúne a indígenas que viven en la capital, anunciaron movilizaciones en el sur del país, para, según ellos, solidarizar con sus hermanos que luchan por "recuperar tierras usurpadas" por la forestal Mininco. Afirmaron que la mejor forma de protesta es "ocupar y recuperar las tierras".
Anunciaron también que a fines de febrero se va a realizar un encuentro de todas las organizaciones que están por recuperar las tierras y recomponer el territorio mapuche o por combatir la extrema pobreza que vive ese pueblo. En abril harán otra movilización con ocasión de la Cumbre de las Américas.
El senador Roberto Muñoz Barra, del Partido por la Democracia, y representante de la zona de Araucanía, dijo que le señaló su preocupación hace pocos días al Ministro del Interior, Carlos Figueroa, con respecto a esta situación "que va creciendo".
Empero, a su juicio, no se ha producido una respuesta seria pues no se le ha tomado el peso a los hechos.
Agregó que si no se adoptan medidas que vayan al fondo del problema indígena, 1998 puede ser un año de convulsión de estos sectores, con costos en lo humano, político y económico, "que pueden tener gravísimas consecuencias".
Barra, experto en el tema indígena y con muy buena votación en ese sector, adelantó que los mapuches están coordinando conflictos en diversos lugares en fechas determinadas.
"Hay una secuencia cronológica, cada tantos días van estallando focos y los sectores más críticos son los de la zona de Arauco y algunos sectores del Alto Biobío", apuntó.
A su juicio, el problema radica en que la Ley Indígena no ha operado en la práctica por el exiguo presupuesto que se le ha ido entregando anualmente y que sólo permite el financiamiento de la estructura burocrática de la Conadi, pero no alcanza para los subsidios de compra de tierra, para el pago de los derechos de ausente, y para la adquisición de los derechos de mercedes de agua que son los principales problemas del sector mapuche, cuya escasez de tierra es paupérrima, pues en total los mapuches de la Araucanía tienen sólo 235 mil hectáreas.
Según estudios de la Conadi que mencionó, se deben adquirir urgentemente no menos de 130 mil hectáreas más. Desde que fue promulgada la Ley Indígena, la Conadi ha adquirido cerca de 45 mil hectáreas, de las cuales alrededor de 15 mil son nuevas tierras para los mapuches, pues el resto corresponde a regularizaciones.
Por ello, insistió el parlamentario, el Gobierno debería adquirir un compromiso formal y definitivo con los dirigentes mapuches de aumentar sustantivamente el presupuesto de la ley para ir a la compra de tierra y estudiar qué tierras fiscales pueden ser transferidas.
Sin embargo, el otro senador por la zona, Francisco Prat, de Renovación Nacional, estimó que precisamente en este punto está el problema.
"Estamos, dijo, ante una ley que contiene elementos que se prestan para alimentar los conflictos. El que legalmente exista un mecanismo para provocar la compra por parte del Estado de los predios donde se suscitan conflictos es un elemento que tiende a gatillar situaciones de este tipo".
Agregó que una disposición así requiere ser administrada con una dosis de prudencia y mano firme que, estimó, no ha existido en este caso.
"Hoy -afirmó- se va generalizando la percepción de que en todos los lugares donde se genera un conflicto en definitiva el Estado compra y reparte y por lo tanto mientras no haya señales de distinto sentido de parte de la autoridad, por ejemplo, que en aquellas partes donde haya tomas o actos ilegales, no intervendrá el Estado, no vamos a tener solución a esto".
En tanto, el subdirector Conadi, Carlos Vargas, culpó a "los hermanos Alfonso y Galvarino Reimán", dirigentes de comunidades en la Araucanía, de incitar a las tomas. Sostuvo que ellos se han alejado del diálogo y que han actuado en forma contraria a lo que la Conadi ha tratado de desarrollar para solucionar los problemas.
Insistió en que estas tomas tienen como fin presionar a la Conadi para que compre los terrenos que están en conflicto, a través del Fondo de Tierras y Aguas, y se los entreguen rápidamente. Además, persiguen, según Vargas, reivindicar con la obtención de tierras la cultura mapuche.
Informó que el viernes de la semana pasada se realizó una asamblea de comunidades indígenas, las que enviaron un ultimátum al Gobierno señalándole que si no se escuchan sus demandas para solucionar los conflictos que existen en cuatro predios, ubicados en la zona de Cañete, Contulmo y Malleco, comenzarían acciones violentas como los son la toma de terrenos, junto con corte de carreteras y puentes.
CONSECUENCIAS PRODUCTIVAS
La nueva ocupación ilegal de un predio forestal por parte de comunidades mapuches en la IX Región, provocó temor e incertidumbre en la Corporación Chilena de la Madera (Corma) ante el eventual resurgimiento de acciones violentistas que pudieran paralizar explotaciones forestales o bien causar daños a la propiedad privada de las empresas que operan, principalmente, en las regiones del Biobío y La Araucanía.
Desde el viernes último, más de 130 indígenas de la comunidad Juan Maril de Purén, ubicada a 149 kilómetros al norte de Temuco, mantienen una "toma" o recuperación de tierras en el fundo El Rincón de propiedad, desde hace doce años, de la Forestal Mininco.
Los indígenas reclaman derechos ancestrales sobre una extensión de 560 hectáreas, por haber habitado allí familias indígenas hasta 1975.
La movilización es protagonizada por unas 57 familias - en su mayoría mujeres y niños-, las que se han mantenido en la propiedad en actitud pacífica.
A llegar al lugar, a simple vista no es posible detectar la presencia de las mapuches, ya que éstos se encuentran dispersos. Sin embargo, estratégicamente han ubicado vigias en el acceso al predio para avisar al resto la presencia de carabineros o periodistas.
Los comuneros, con hachas y motosierras, talan desde hace cuatro días un bosque de eucaliptus de diez hectáreas, lo que constituye un claro desmedro del patrimonio de la empresa. Sus ejecutivos denunciaron que la autoridad no ha acogido sus solicitudes de intervención con la fuerza pública por considerar que el hecho "no representa una amenaza al orden público".
Ante ello, la mañana de ayer interpusieron una denuncia ante el Juzgado del Crimen de Angol en la que, además de solicitar el desalojo del predio, piden la detención de los ocupantes por los cargos de robo de leña y usurpación de tierras.
Carabineros de Purén reportó que la situación en la zona es de plena calma y no se ha reforzado la dotación policial. Confirmaron que hasta las 18 horas de ayer no habían recepcionado ninguna orden de desalojo por parte de los tribunales.
Hasta avanzadas horas de ayer no fue posible conocer una versión oficial de los hechos por parte del gobernador (s) de Malleco, Luis Humberto Risso, por encontrarse fuera de la ciudad.
Sin embargo, para esta mañana fue programada una reunión extraordinaria entre la autoridad, el alto mando de Carabineros y representantes de la Forestal Mininco.
El gerente regional de la forestal en Temuco, Andrés Ovalle, manifestó su preocupación con el curso que podría tomar esta movilización indígena, ya que dijo estar en antecedentes que no es una acción aislada.
Detalló que en lo que va de la temporada la firma ha sido afectada en veinticinco oportunidades por incendios intencionales en distintos predios de las provincias de Malleco y Arauco, en las regiones Novena y Octava, respectivamente, cuyos tierras colindas con asentamientos indígenas.
Detalló que los daños totales no han superado las seis hectáreas, pero que ello sólo se ha debido al riguroso sistema de detección y control de incendios que la compañía dispone.
En Concepción el gerente de Corma Biobío, Emilio Uribe, no ocultó ayer la inquietud que existe entre las empresas asociadas ente el verdadero "ultimatum" hecho público por las comunidades mapuches al término de una reunión realizada en el sector de Tranaquepe, en Tirúa, a fines de enero pasado, donde se dio 20 días de plazo para obtener respuestas de las autoridades a sus problemas más apremiantes.
Este plazo se cumpliría mañana.