Conflicto, paz y resolución

Las organizaciones e instituciones firmantes manifiestan su profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos de diversos miembros e instituciones del pueblo mapuche. Recientemente se ha dado a conocer un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación en el que bajo el eufemismo “revalorización de la ley penal” coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches de las provincias de Neuquén, Rio Negro y Chubut como amenazas para la seguridad social.

Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al pueblo mapuche”. El texo “La lucha indígena no es delito” fue una respuesta a un documento oficial del ministerio de Seguridad de la Nación, que plantea “la problemática mapuche” como “violenta” y que –en base al discurso de las empresas– acusa a las comunidades de asentarse donde están las petroleras, algo que encendió la alerta por una posible represión en la zona de Esquel y en Vaca Muerta.

Mientras se suceden sin pausa, los casos de abuso de poder contra los pueblos indígenas del país, el gobierno encarga a sus servicios de “inteligencia” realizar espionaje sobre el pueblo mapuche, según un informe de gestión del Ministerio de Seguridad fechado el 30 de agosto y publicado por el medio nacional “Pagina 12”.

Roland Adjovi, titular del organismo, confirmó que vendrán a la Argentina el año próximo, pero advirtió que la invitación es independiente de la situación de Milagro Sala, que debe ser liberada. La visita no se limitaría al caso de la dirigente social jujeña. “La naturaleza federal de Argentina no puede ser una excusa”, señaló Adjovi.