Los conflictos que experimentan los pueblos indígenas difieren de las tendencias de otros conflictos. La promoción y respeto de los derechos y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en tiempos de conflicto y postconflicto son indispensables para construir la paz, la reconciliación y la reconstrucción de la armonía en las sociedades postconflicto. La militarización, la supresión de las garantías constitucionales, los derechos territoriales y los derechos colectivos que se han impuesto en el territorio mapuche determinan la necesidad de identificar estrategias para asegurar la paz.
Los últimos hechos ocurridos en La Araucanía han puesto una vez más en el debate la necesidad de buscar una solución a este conflicto que se extiende por más de un siglo. Sin lugar a dudas este es un conflicto étnico, pero tiene también una clara expresión territorial que vale la pena poner de relieve en la búsqueda de soluciones alternativas de políticas.
Leer más: Conflicto mapuche: Ejemplo de desigualdad territorial
La historia de los pueblos originarios en América se ha visto siempre atravesada por una casi permanente agresión de los conquistadores. Pero también ha sido desconocida por las corrientes de migrantes posteriores que llegaron para integrarse y contribuir a fundar las sociedades mestizas que nacieron de esa fusión. Lo acaba de recordar el propio Barack Obama al asumir el mandato presidencial de los Estados Unidos en su segundo período, señalando que los únicos legítimos habitantes de los territorios norteamericanos eran los miembros de las tribus indígenas que los ocupaban originariamente.
Luego de diez años, la empresa Endesa ofreció disculpas públicas a los comuneros pehuenches del Alto Biobío, quienes denunciaron que la construcción de la represa Ralco inundó el cementerio Quepuca. Investigaciones subacuáticas ubicaron el panteón e informan que es posible rescatar los cuerpos.
Leer más: Endesa pide disculpas públicas por inundación de cementerio pehuenche con central Ralco
Una institucionalidad adecuada en esta materia requiere de interlocutores válidos y canales institucionales de relación que permitan un diálogo civilizado entre pueblos indígenas y el Estado.