Los conflictos que experimentan los pueblos indígenas difieren de las tendencias de otros conflictos. La promoción y respeto de los derechos y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en tiempos de conflicto y postconflicto son indispensables para construir la paz, la reconciliación y la reconstrucción de la armonía en las sociedades postconflicto. La militarización, la supresión de las garantías constitucionales, los derechos territoriales y los derechos colectivos que se han impuesto en el territorio mapuche determinan la necesidad de identificar estrategias para asegurar la paz.
Nosotras, las abajo firmantes, mujeres, feministas autónomas y feministas comunitarias, trabajadoras del hogar, artistas, músicas, activistas, profesoras, lesbianas, estudiantes, mujeres de izquierda, parte activa del sueño revolucionario y despatriarcalizador de Bolivia, nos pronunciamos frente al profundo conflicto que se plantea actualmente en relación a la imposición de un proyecto carretero depredador en el TIPNIS, y así mismo frente al machismo, racismo, y a la carga colonial que contienen las palabras del gobierno sobre las mujeres yuracarés trinitarias. Estas palabras fueron “instruidas” a jóvenes hombres de este país y plantean:
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Diversas organizaciones de campesinos y ambientales invitan a la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, a través de un portal web de difusión y adhesiones que estimula la participación y la información de la ciudadanía y la sociedad civil organizada para impedir la introducción de transgénicos y defender el derecho a alimentos, forraje, cultivos, ganado y peces, libres de transgénicos, OVMs según la denominación del SAG y el proyecto del Ejecutivo de introducción de transgénicos.
Con la adhesión al Convenio Upov 91 en mayo pasado, Chile está dando el primer pie para masificar los cultivos transgénicos y de paso, ofrecer “en bandeja” a las transnacionales derechos intelectuales de todas nuestras especies nativas. Los conflictos de intereses están a la orden del día, siendo la ex vocera del Gobierno y ahora senadora por la alianza gobernante, Ena Von Baer, una de las principales involucradas por ser propietaria del 15% de una empresa que lucrará directamente con las semillas.
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La población indígena de La Araucanía es la más dependiente de los subsidios estatales. Cada familia vive con un promedio de $323 mil mensuales. De ese monto, el 15% proviene del Estado. La Conadi cuenta con un presupuesto de $72 mil millones y, a la fecha, ha ejecutado un 40% del total. Sólo este año, el fisco comprará más de 10 mil hectáreas, las que se transferirán a 30 comunidades mapuches.
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