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19 de agosto de 2009

Comunicado Público

En relación con el homicidio de nuestro hermano, Don Jaime Mendoza Collío, quien murió a raíz del disparo certero del proyectil percutado por un funcionario de Carabineros de Chile, quien le disparó por la espalda y, según el peritaje realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) de Temuco, se descartó la presencia de pólvora en las ropas y cuerpo de nuestro hermano, declaramos lo siguiente:

1. Lamentamos profundamente las políticas estatales que se están aplicando en el mal llamado “Conflicto Mapuche”, en especial, porque han sido infructuosas y deficientes a la hora de prevenir, eliminar los malos tratos y prácticas degradantes para con el Pueblo Mapuche; aun más, actualmente hemos visto como las autoridades de los distintos órganos del Estado de Chile, en especial, la Presidenta de la República y los personeros de Gobierno, han tratado el cobarde homicidio de nuestro hermano Jaime Mendoza Collío.

Nosotros, no sólo repudiamos el accionar de Carabineros, sino de las máximas autoridades del Estado de Chile, ya que en vez de acompañar el dolor de todo un Pueblo, prejuzgaron una situación; es más, la Presidenta de la República de Chile, Sra. Michelle Bachelet Jeria, ni siquiera se apersonó a dar las correspondientes condolencias a los padres, cónyuge y al hijo de sólo cuatro años.

Por consiguiente, la responsabilidad recae tanto en el funcionario de Carabineros de Chile, que percuto el arma y ejecutó tan alevoso crimen, como la plana mayor o de grado superior de la referida institución. Aun más, esta responsabilidad se extiende, al Ministro del Interior.

Cabe recordar que por mandato constitucional, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En consecuencia, y teniendo presente lo expuesto, sostenemos que Estado de Chile ha irrespetado dicha obligación constitucional y, en este caso concreto, ha violentado flagrantemente el Derecho a la Vida e integridad física y síquica.

2. Los hechos deben ser investigados en profundidad, de acuerdo al derecho del debido proceso y al derecho de acceso a la justicia, con absoluta transparencia y probidad, a fin determinar a las personas responsables del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte y demás ilícitos penales, asimismo, el grado de participación que les cabe en él.

3. Los procedimientos policiales requieren ser revisados con suma urgencia, así también, la instrucción de los funcionarios de Carabineros de Chile, porque es absolutamente inaceptable que una persona resulte lesionada o pierda la vida. Y, en caso particular, un joven mapuche de tan sólo 24 años murió en un procedimiento policial por un impacto de bala en su espalda y, peor aún, el informe pericial de la PDI descartó la presencia de pólvora en las ropas y cuerpo de nuestro hermano, Jaime Mendoza Collío, así que no llevaba armamento, lo que echa por tierra la tesis de la legítima defensa sostenida por Carabineros para justificar su accionar y por el señor Rosende.

4. Por todos los antecedentes recopilados exigimos la renuncia inmediata de los actores responsables de generar este conflicto, especialmente el Ministro del Interior y el comisionado Rodrigo Egaña.

5. Exigimos al Estado de Chile desmilitarizar la Región de Araucanía, revisar la política penal con que se aborda al mal llamado “Conflicto Mapuche”, en particular, la aplicación de la ley antiterrorista a nuestros hermanos. Al respecto, y de acuerdo a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambas exigencias constituyen un deber imperativo para el Estado en cuestión.

Por consiguiente, y teniendo presente lo expuesto, exigimos que el Gobierno designe una autoridad con suficiente conocimiento a esta legitima causa, que sea miembro de nuestro pueblo, a fin de promover y permitir impulsar un verdadero diálogo entre las partes.

Dentro de este contexto, cabe recordar que el mes de julio recién pasado viajó un grupo de Loncos, a fin de dialogar con el Gobierno. No obstante ello, y aun de los esfuerzos de nuestro Pueblo para dialogar, no fueron ni recibidos ni menos escuchados por el gobierno.

6. Es necesario que se dicte la correspondiente ley derogatoria de los tribunales militares en tiempos de paz; aun más, restringir su jurisdicción y competencia porque no se condice con el concepto de estado moderno, de derecho y democrático. Si es el Estado Chileno el que está a cargo de la Vicepresidencia de la Comisión de los Derechos Humanos en Naciones Unidas, dando cátedra de promoción y respeto de derechos y libertades fundamentales en el plano Internacional, sin embargo, hoy en los propios límites soberanos se conculcan los derechos en su máxima esencia y prueba de ello es el asesinato de nuestros hermanos mapuches, inobservancia a los Derechos de acceso a la justicia, al del Debido Proceso, entre otros Derechos Humanos.

7. La actitud racista y discriminadora queda, también, demostrada en la represión sufrida el día viernes 14 de agosto del año en curso, en el centro de Santiago, violentando, esta vez, el derecho a la libertad de reunión, de circulación y la libertad de expresión consagrados en la Constitución Política de la República, así como por los distintos Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y vigentes. A ello se suma las irregularidades en el procedimiento policial traducido en un excesiva represión en contra de los detenidos, los cuales permanecieron incomunicados con bombas lacrimógenas al interior de las celdas, además de maltrato físico y verbal innecesario, lo anterior es responsabilidad absoluta nuevamente de los funcionarios de fuerzas especiales de Carabineros de Chile, del Intendente Metropolitano, del Ministro del Interior y del señor Rodrigo Egaña.

8. El Estado de Chile ha hablado mucho de los aportes del Nuevo Trato, del Pacto Reconocer, de la implementación del Convenio 169 de la OIT y diversas políticas de fomento de la salud, de la cultura y educación y demás áreas de desarrollo del Pueblo Mapuche, pero, en honor a la verdad y justicia, estas medidas sólo han quedado en las buenas intenciones.

9. El Estado de Chile tiene una deuda histórica con nuestro Pueblo Mapuche, pero a raíz de los últimos acontecimientos, podemos decir ha contraído nuevas obligaciones para con el Pueblo Mapuche, en especial, la de reparación y la observar fielmente los normas imperativas de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

10. Finalmente, hacemos un llamado a la prudencia, al diálogo y el respeto a la vida, como un bien jurídico superior.

Sólo a través del diálogo de todos y con todos los sectores, sin excluir a nadie, podremos avanzar en beneficio del Pueblo Mapuche y la sociedad Chilena.

Firman esta declaración:

Consejería Indígena Urbana

Confederación Nacional de Trabajadores Panificadores

Comisión Lingüística mapuche del Área Metropolitana

Asociación Indígena Leufumapu

Comisión Política de Santiago

Asociación Indígena Cofquecura

Asociación Indígena Werken

Asociación Liga Cultural Mapuche Kolo kolo

Asociación Indígena Mallinko