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Mapuches en Chile demandan derecho a voz y voto

escrito por Daniela Ruiz/ Azkintuwe

sábado, 03 de octubre de 2009

azkintuwe091003Consejo de Todas las Tierras demandó cupos reservados para indígenas en el Congreso chileno, pero solicitud no fue escuchada en La Moneda. Las inscripciones de candidatos al Parlamento ya finalizaron y Chile quedó en deuda con los pueblos indígenas para aumentar su representación en órganos del Estado. “No hemos tenido ninguna respuesta clara y seria de parte del Ejecutivo”, denuncia Aucan Huilcamán.
DANIELA RUIZ - SANTIAGO DE CHILE -

Hace menos de un mes el Consejo de Todas las Tierras propuso al gobierno un proyecto sobre participación política indígena, por medio de escaños reservados en la Cámara, a partir de las próximas elecciones. A pesar que esta es una medida que legitima la democracia, protege a los pueblos originarios y que se ha implementado en varios países, la idea no fue tomada en cuenta por el gobierno.

El miércoles 9 de septiembre llegó hasta el Palacio de La Moneda el líder del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, para presentar al gobierno a un proyecto sobre participación política de los pueblos indígenas en el Parlamento, con la idea de que el Ejecutivo patrocinara la iniciativa y le otorgara suma urgencia para que se materializara a partir de las próximas elecciones.

Aplicando el principio de la discriminación positiva, que orienta los avances del derecho internacional y la experiencia mundial en materia de participación de pueblos originarios, el Consejo propuso la asignación directa de escaños para un número de cinco diputados y dos senadores indígenas para el Congreso. La elección se realizaría bajo el régimen normal, pudiendo competir los candidatos bajo una jurisdicción indígena. Explicando que no se trataría de una designación, como se hizo en el pasado con algunos senadores, Huilcamán aclaró que “no sería una nominación, simplemente se está haciendo una distinción como una manera de asegurar cupo, pero no está exento de competir bajo las reglas de la democracia”.

Para la doctora en Ciencia Política, Marcela Ríos, medidas como ésta van en la dirección correcta, ya que hay muchos países que han implementado el sistema de escaños reservados para las minorías como una manera de asegurar que la representación no sea sólo territorial, sino también étnica, lingüística o sexual. Y aunque, no resuelve todos los problemas de integración social indígena “sí es un gesto, un reconocimiento simbólico, que contribuye a aumentar la voz de los pueblos indígenas en los debates legislativos. Es una medida posible de implementar, se ha implementado en otros países y reconoce realmente la necesidad de representar intereses”, concluyó.

En la misma línea, Aucán Huilcamán precisó que, si bien no se trata de una solución definitiva a la problemática indígena, sí sería un paso trascendental, por ejemplo, para terminar con la violencia en La Araucanía, ya que establecería un diálogo directo entre las comunidades y el gobierno. “Tendríamos un mecanismo institucional, un lugar donde tratar nuestros asuntos, donde dialogar, informarnos de lo que está pasando y no informarnos cuando la empresa o el Estado toman decisiones y nosotros no tenemos manera de expresar nuestros puntos de vista”.

Sin embargo, la solicitud del Consejo de Todas las Tierras no fue escuchada en La Moneda, las inscripciones de candidatos al Parlamento ya finalizaron y Chile quedó en deuda con los pueblos indígenas para aumentar su representación en órganos del Estado. “No hemos tenido ninguna respuesta clara y seria de parte del Ejecutivo, esperamos que nos expliquen cuál es la razón de su pasividad, cuando éste había sido un planteamiento de la Presidenta, que buscaría la participación de los indígenas, pero a la hora de las decisiones hemos visto que no hay interés”.

Todo esto, además, en el marco de entrada en vigencia en nuestro país del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos originarios, que facilita la participación y decisión de los pueblos indígenas en proyectos que los afecten directamente. Y aunque Huilcamán no mezcla aguas, sí le llama la atención la discordancia entre discursos: “Lo que nos preocupa es este tipo de prácticas, que por un lado hay un discurso y, por otro, una realidad donde no se toma ninguna iniciativa”.

Minorías versus mayorías

La participación de las minorías en las políticas de Estado, en particular en los asuntos que los involucran directamente, implica mayor legitimidad democrática y constituyen un medio de protección de éstas.

El objetivo de estas disposiciones es lograr la igualdad efectiva entre los grupos mayoritarios de la nación y los grupos minoritarios, entendiéndose por ellos como los ciudadanos que presentan características étnicas o lingüísticas diferentes al resto, pues siempre tendrán dificultades para participar en procesos de tomas de decisiones. Pero ¿cómo lograr que este ideal se ponga en práctica efectivamente en un Estado?

Existen muchos países con gran representación de minorías que han resuelto el tema a través de dos modelos: el primero de ellos, pasa por la descentralización del poder, concediendo a las minorías capacidad de gestionar sus propios autogobiernos; la segunda, en asociar a las minorías a los procesos de toma de decisiones, de manera que puedan incidir en la legislación, sobretodo en aquellas que les afecte, que es lo que en definitiva piden los pueblos indígenas en Chile a través de los escaños reservados.

En Europa, por ejemplo, existen varios casos de escaños reservados con las especificaciones hechas por cada Estado. En Chipre, la Constitución establece que en la Cámara de Representantes, la comunidad griega contará con 35 escaños y la comunidad turca con quince, mientras las minorías maronita, latina y armenia pueden elegir un representante cada una con derecho a voz, pero sin voto. Un caso similar es el de Eslovenia, donde se estableció que las comunidades italiana y húngara elegirán cada una un representante para la Asamblea Estatal.

¿Pero qué sucede en Latinoamérica, un continente lleno de riqueza cultural y diversidad étnica? Para Aucán Huilcamán, “si damos una mirada a Latinoamérica, veremos que hay avances muy significativos en el diálogo y en el entendimiento de los pueblos indígenas, pero Chile es una isla en el continente, en donde no hay ningún avance concreto, incluso en las puertas del Bicentenario”.

Efectivamente, varios de nuestros vecinos ya han legislado y avanzado en la materia, de acuerdo a las necesidades y exigencias, tanto de los pueblos indígenas como de la nación en su totalidad. Es así como podemos encontrar reconocimientos constitucionales de las comunidades originarias que les otorgan derechos en Argentina, Bolivia y Venezuela. También un caso de reserva de escaños en Colombia, donde a pesar de la conflictividad interna, se ha establecido la participación institucional a través de dos senadores de pueblos originarios, bajo una jurisdicción indígena.

Frente a este escenario, donde las iniciativas que han propuesto las comunidades indígenas, en especial los mapuches, no han sido consideradas por el gobierno, Aucán Huilcamán apuesta a la conformación de un autogobierno, “ya que en vista que el Ejecutivo no nos ha tomado en cuenta, nos queda el único camino de autodeterminarnos, por lo que estamos elaborando un estatuto de autogobierno que el mes de octubre vamos a presentar en un acto jurisdiccional en el sur de Chile para que el país conozca que los indígenas empezamos a determinarnos”, anuncia.

Este estatuto de autogobierno estará apoyado en el Art. 3 de la Declaración de las Naciones Unidades sobre los Derechos Indígenas, que fue adoptada en una Asamblea General, donde todos los países del mundo establecieron directrices sobre los derechos indígenas, incluyendo Chile, por lo que el país no podría oponerse a la conformación del autogobierno mapuche, pues se encuentra establecido como norma internacional.

Marcela Ríos señala que hay varios países y también las Naciones Unidas que han reconocido la importancia de aceptar niveles de autonomía en los pueblos originarios, dependiendo del ordenamiento territorial y político de ellos, pero aclara que “en ningún caso es lo mismo que decir que se quebranta el principio de soberanía”.

Para la cientista política, cualquiera de los modelos que se adopten para asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas pasa por una cuestión básica y esencial, el reconocimiento de los pueblos originarios como interlocutores válidos: “La especificidades de las soluciones se pueden debatir y hay múltiples formas que pueden ser más o menos apropiados en nuestro contexto, pero el problema de fondo pasa por estar dispuesto a sentarse a la mesa y reconocer como interlocutores a los pueblos indígenas”. Una tarea pendiente para este gobierno y que queda en la pizarra para el próximo.