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Presentan a ONU reclamo por violación a derechos indígenas en Chile

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Las organizaciones de chilenos en Francia, Asociación Tierra y Libertad para Arauco, Comité por los Derechos Humanos en Chile, y la organización francesa Comité de Solidaridad con los Indígenas de las Américas (CSIA Nitassinan), en conjunto con la Fundación France Libertés y el Observatorio Ciudadano, presentaron el 14 de septiembre en la ONU un documento llamado “Chile: criminalización del movimiento social Mapuche a través de la ley antiterrorista”.

Esta comisión estará presente en Ginebra el 24 de septiembre proximo, cuando se realice el examen periódico universal de Chile en materia de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Se conformará un panel paralelo al interior de la ONU, donde intervendrán como testigos, Elena Varela y uno de los documentalistas franceses que fue detenido por carabineros mientras filmaba en zonas de conflicto mapuche, para hablar de los problemas de libertad de expresión, así como Flor Calfunao, víctima de esta criminalización.

También intervendrán Danielle Miterrand, sobre los DDHH y el modelo económico en Chile; Jean Ziegler, sobre el modelo económico chileno y las injusticias que engendra; Fabien Le Bonniec, sobre la criminalización de las demandas territoriales y sociales y la gobernabilidad en territorio Mapuche; José Venturelli, sobre el impacto físico y psicológico de los conflictos en la población, particularmente en niños y adultos mayores. Los desastres medioambientales también serán abordados.

El documento presentado ayer en Ginebra expone “la fragilidad del respeto de los Derechos humanos, el despojo y la explotación de las tierras por las empresas nacionales y multinacionales, la violencia policial y la aplicación de la ley anti-terrorista”.

Reconociendo que esta situación ha sido creada tanto por las acciones como por las omisiones del Estado en diversos ámbitos. Éste parte presentando la historia del pueblo mapuche, despojado de sus tierras y recursos naturales producto de la ocupación militar de la Araucanía, “cuando el Estado chileno dispone de gran parte de sus tierras para entregárselas a colonos europeos, o para subastarlas a privados”, dejando a los mapuches con 6% de su territorio ancestral.

Asimismo, denuncia al Estado chileno de implementar una política de restitución de tierras insuficiente, que no las protege contra los mega-proyectos de inversión extractiva, privilegiando más bien la propiedad individual en desmedro de la propiedad comunitaria indígena con la fragmentación de sus antiguos territorios.

El documento denuncia además que “como estrategia para acallar el movimiento Mapuche, el Estado chileno ha procedido a criminalizar las reivindicaciones territoriales, culturales y económicas a través de la aplicación de la Ley Antiterrorista a los miembros de las comunidades en conflicto”. Aplicación efectuada a través del Ministerio Público, que utiliza diferentes normas jurídicas del Derecho Penal, generando la pérdida de garantías procesales.

Recuerda además que diversos Organismos internacionales han establecido informes donde recomiendan al Estado de no penalizar las legítimas demandas sociales de las comunidades indígenas y de no aplicar acusaciones de otros contextos como “amenaza terrorista” o “asociación delictual”, y que la gravedad de los hechos imputados a los condenados no guarda proporción con la gravedad del tipo de delito “terrorista” y de las penas impuestas en estos casos. Informa que el Ministerio Público ha realizado 10 juicios penales en los cuales ha invocado esta ley contra los mapuches por supuestos delitos terroristas. Y afirma que se ha solicitado una aclaración sobre la aplicación de dicha ley a la delegación chilena en la ONU.

Por otra parte, se denuncia la jurisdicción de la Justicia Militar, en cuyo Código existen disposiciones que permiten a los tribunales Militares imponer su jurisdicción exclusiva sobre violaciones de Derechos Humanos ocasionadas por Carabineros, tales como la tortura, el homicidio o el uso injustificado de la fuerza pública. Además, “Los jueces de fuero militar son oficiales en servicio activo de la Fuerzas armadas, sin formación jurídica, y sujetos a la cadena de mando militar”. Lo que impide realizar un juicio justo, permitiendo la impunidad de los policías acusados.

En cuanto a la criminalización y la gobernabilidad económica, el documento explica que “las causas de la protesta social indígena tienen su origen en las leyes sectoriales que mercantilizan los recursos naturales y que estructuran el sistema económico neoliberal vigente en Chile”. Las leyes dispuestas permitirían la implementación de grandes proyectos de inversión para la extracción de recursos naturales en todo el país y sobretodo en territorios indígenas, privando a las comunidades de los recursos necesarios para su subsistencia y amenazando con ello su integridad”. Según el documento estas leyes son: el Código de Minería, Código de Aguas, Ley General de Pesca y Acuicultura, Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley 701 de Fomento Forestal, Ley de Bosque y Ley de Concesiones Geotérmicas.

Finalmente se denuncia “la represión violenta del Estado chileno” y “la ilegalidad en los allanamientos, la violencia ejercida contra ancianos, mujeres y menores de edad”. Y se recuerda que lo resultados de esta violencia han sido numerosos heridos, como el joven Jorge Marimán, o fallecidos, como Alex Lemún, Matías Catrileo o Jaime Mendoza Collío. Asimismo se critica que estas violaciones de Derechos humanos cometidas por personal de Carabineros “benefician actualmente de una vergonzosa impunidad”. Concluyendo que “la situación en Chile, sobre todo en los territorios de las comunidades mapuches, demuestra que los Derechos humanos y las libertades fundamentales no están protegidos”.

Para terminar, las organizaciones que forman parte de la comisión que expondrá en Ginebra el 24 de este mes, solicitan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que intervenga ante el Estado Chileno para solucionar esta situación, proponiendo que “asegure, por intermedio del Alto Comisariado, las condiciones para una discusión de igual a igual en la resolución del conflicto”.

Nanette Liberona

El Ciudadan