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7 de octubre de 2009

CHILE: Las protestas indígenas en varios frentes

Por Daniela Estrada - En castellano. Gentileza del Boletin Mapuche de Edmonton. Canadá

CHILE: Las protestas indígenas en varios frentes

http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=48761

SANTIAGO, 7 oct (IPS) - Las tensas relaciones entre el gobierno chileno de Michelle Bachelet y de las minorías indígenas del país están lejos de grandes easing.

Si bien el conflicto entre mapuches y la policía en el sur está aumentando, los miembros de la comunidad de Atacama en el norte están protestando contra un proyecto de energía geotérmica, y los líderes mapuches han presentado un requerimiento judicial contra el presidente y un ministro del gobierno.

Mapuche - el grupo indígena más importante del país, que suman alrededor de un millón de personas en una población total de más de 16 millones de euros - las comunidades en marcha una nueva oleada de ocupaciones de tierras a finales de julio para recuperar sus territorios ancestrales en la región meridional de la Araucanía.

Las manifestaciones de protesta de la Alianza territorial mapuche y ocupaciones de tierras de propiedad privada que las comunidades indígenas reclaman como suyas han dado lugar a nuevos enfrentamientos con los Carabineros (policía militarizada).

Mientras que la centro-izquierda Concertación por la Democracia, que ha gobernado el país desde 1990, dice que más de 650.000 hectáreas de tierra han sido transferidas a las comunidades indígenas desde 1994 a 35 por ciento desde que Bachelet asumió la presidencia en 2006 - los activistas indígenas se quejan de la lentitud respuesta a sus demandas.

El domingo, la Alianza denunció que siete jóvenes mapuche y sus dos hijos, que no participaron en las protestas, fueron heridos por perdigones disparados por Carabineros de Chile. Un transeúnte jóvenes, Pablo Catrillanca, fue hospitalizado tras ser alcanzado por perdigones y corre el riesgo de perder la vista en uno de sus ojos.

Las comunidades de Temucuicui - uno de los más activos en el movimiento de tierras mapuche - y Rofue se quejó el lunes que fueron víctimas de ataques violentos por parte de Carabineros, que incluso se utilizaron helicópteros en la operación.

Algunas de las áreas mapuches en el sur de Chile tienen una larga historia de conflictos por lo que las comunidades indígenas reclaman como su tierra ancestral.

Una misión internacional convocada en 2007 por el no gubernamental Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas, que incluyó a representantes de grupos como Amnistía Internacional, Norwegian People's Aid y el Centro Argentino de Estudios Legales y Sociales (CELS), documentado docenas de denuncias de abusos, como las incursiones violentas de los hogares Mapuche en el que la policía a menudo destruyen enseres y objetos de valor cultural, maltratan a ancianos, mujeres y niños, y lanzan epítetos racistas.

René Urban, un agricultor propietario de una finca que las reivindicaciones de la comunidad mapuche Temucuicui como propios, construyó una zanja para mantener alejados a los activistas indígenas, una medida que provocó la protesta de los residentes locales indígenas. Debido a la gran cantidad de ataques a su propiedad en los últimos años, ha sido provisto de una protección policial permanente.

El Observatorio Ciudadano, una organización local no gubernamental, informó de que un niño de 14 años de edad que estaba recogiendo las hierbas para la "machi" (curandero tradicional), de Rofue fue baleado por la policía, capturados y arrastrar a un helicóptero. La organización no gubernamental dijo que la policía amenazó con echarlo del helicóptero si no confesaba que estaba tomando parte en una ocupación de tierras.

En un comunicado de prensa, la filial chilena de Amnistía Internacional expresó su preocupación por los informes que indican que la tensión entre algunas comunidades indígenas mapuches y las autoridades se ha intensificado en los últimos días. El organismo de vigilancia de los derechos también se quejó de "fuerza excesiva" utilizada por la policía, así como los ataques indígenas a la propiedad privada y los particulares.

La Comisión Ética contra la Tortura, una ONG que vincula 13 grupos de derechos humanos y un número de prominentes defensores de derechos humanos que lucharon contra la dictadura militar de 1973-1990, informó a finales de septiembre que 99 pueblos indígenas y otros activistas que participan en la causa mapuche se encuentran en la cárcel o que se enfrentan persecución en Chile, según un recuento de los casos entre 1 de enero y 25 de junio 2009.

En el otro lado del conflicto, los empresarios agropecuarios se reunió con el presidente de la Corte Suprema Urbano Marín, el martes para expresar su preocupación de que algunos jueces han liberado después de que activistas mapuches han sido detenidos acusados de participar en protestas violentas en el sur de Chile.

Protestas en el norte también

Pero no es sólo el mapuche que se han movilizado en las últimas semanas. Indios de Atacama han celebrado manifestaciones en protesta por los posibles daños causados al sector de los géiseres de El Tatio, un destino turístico en la norteña región chilena de Antofagasta, que es dirigido por dos comunidades indígenas.

A principios de septiembre penacho de vapor de agua escupiendo a una altura de entre 30 y 60 metros erupción de uno de los pozos de exploración perforados por el consorcio ítalo-chileno Geotérmica del Norte para evaluar el potencial de la zona para la generación de energía. La pluma de agua estaba a pocos km de campo de los géiseres de El Tatio.

Los manifestantes de Atacama se quejó de que nadie escuchó sus advertencias de que el proyecto de energía geotérmica podría causar daños irreversibles a los ecosistemas frágiles tierras altas.

El miércoles, las comunidades presentaron una moción solicitando un tribunal que obligue a permanecer Geotérmica del Norte para que sus operaciones de exploración a un alto, a pesar de que el penacho de vapor ha desaparecido.

La reforma de las instituciones de los asuntos indígenas en duda

La controversia ha estallado en dos proyectos de ley que creará un Ministerio de Asuntos Indígenas, Consejo de Pueblos Indígenas y una Agencia de Desarrollo Indígena.

El 29 de septiembre, el Presidente firmó los proyectos de ley se establece que los tres organismos, que absorberá y sustituir la Junta Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), que es acusado de estar empantanado en la burocracia y de tener una burocracia excesivamente politizado.

Bachelet dijo que las nuevas instituciones sobre asuntos indígenas surgió de "un proceso de consulta nacional que realizamos a principios de este año y del trabajo que hemos llevado a cabo desde el inicio de nuestro gobierno".

Las reformas se introdujeron en consonancia con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que entró en vigor en Chile el 15 de septiembre.

Pero el martes, Aucán Huilcamán del Consejo de Todas las Tierras y otros dirigentes mapuche presentó un recurso contra Bachelet y el ministro de la Presidencia José Antonio Viera Gallo, quien también es coordinador de asuntos indígenas.

Los dirigentes mapuches sostienen que el gobierno no ha podido cumplir plenamente con la cláusula 169 Convención sobre el derecho a la "consulta previa", que debe llevarse a cabo "de buena fe y en una forma apropiada a las circunstancias, con el objetivo de lograr un acuerdo o el consentimiento a las medidas propuestas ", como la explotación forestal, la agroindustria o los proyectos de minería en territorios indígenas.

Según Huilcamán, los dos proyectos de ley "no fueron producto de un proceso de consulta y no tener el consentimiento, como exige el artículo 6 del Convenio 169. Consideramos que es muy grave que tres semanas después de que la Convención entró en vigor, la columna vertebral la columna de este instrumento internacional ha sido violado. "

La portavoz del gobierno de Carolina Tohá respondió que el gobierno ya llevó a cabo un proceso de consulta nacional sobre la creación de un Consejo de Pueblos Indígenas, y que la necesidad de reformas más amplias - contenidas en los dos proyectos de ley firmada por el presidente - surgió del propio proceso.

Tohá agregó que un nuevo proceso de consulta tendrá lugar durante el debate del Congreso sobre las dos leyes.

Advertencia sobre los problemas de este tipo, de las Naciones Unidas Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas James Anaya se recomienda después de su visita de abril a Chile que el país debe llevar a cabo "un proceso de consulta sobre el proceso de consulta".

En un seminario internacional que tuvo lugar el lunes y martes en la capital chilena para analizar los desafíos que enfrentan en la aplicación del Convenio 169, los representantes indígenas participantes fueron divididos en torno al tratado.

Algunos de ellos pidieron que se estudiaron en profundidad y ser extensamente empleada, mientras que otros pusieron en duda su eficacia y la voluntad del gobierno para llevar a cabo las reformas necesarias para su plena aplicación, teniendo en cuenta, por ejemplo, la política represiva seguida en respuesta a las reivindicaciones de tierras, ocupaciones y protestas en la Araucanía.

"El escepticismo y la frustración por la cuestión de la plena aplicación de la Convención es normal, porque el proceso ha estado plagado de engaños y sistemáticas de derechos humanos violaciónes", Alfredo Seguel, con el Grupo de Trabajo sobre los derechos colectivos mapuche, dijo a IPS.

"Creemos que el Convenio 169 es una herramienta poderosa, que no se sostiene por sí misma, sino que forma parte de un conjunto de derechos humanos colectivos que debe interpretarse en consonancia con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Convenio 169 es el desnudo mínimo, y la Declaración es el máximo ", dijo la activista.

Ya hay varios ejemplos de la utilización con éxito de la Convención de la OIT en Chile, como en el caso de una mujer indígena que trajo Machi acciones legales para proteger una parcela de tierra con hierbas utilizadas con fines medicinales, que fue amenazado por la industria forestal.

Sin embargo, algunos de los amerindios de Chile están preocupados de que los conflictos por la tierra terminará por perderse en los tribunales.

Además de las dificultades de la regulación y la supervisión de los procesos de consulta sobre políticas públicas, iniciativas legislativas y proyectos de inversión, las luchas que se prevén graves sobre la modificación de leyes sectoriales que chocan con los derechos de los pueblos indígenas, tales como el agua y el Código de Minería.

"El país es legal, el marco político y administrativo debe ponerse en consonancia con el Convenio 169, no al revés, ya que el gobierno ha tratado de hacer", dijo Seguel.

"La cuestión de fondo es que este" país ultra-neoliberal "sigue siendo controlada por intereses creados, y las ganancias y las empresas están todavía por encima de los derechos humanos y el medio ambiente", dijo el activista. "No ha habido modificaciones sustanciales, pero no en los cambios de fondo". (END/2009