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Lunes 22 de diciembre de 2008 / Por Claudio Leiva / La Nación

También hay 40 órdenes de detención pendientes y 5 condenados prófugos

Fiscales del conflicto mapuche acumulan más de 60 causas

Prácticamente todos los meses se producen hechos de violencia relacionados a conflictos por la propiedad de la tierra en las regiones de la Araucanía y el Biobío, especialmente en las provincias de Arauco y Malleco. En la primera, la comuna más conflictiva es Tirúa, el jueves pasado se registró un nuevo ataque a un campamento forestal. En la segunda, se ubica la polémica comunidad de Temucuicui.

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A la fecha, cerca de 60 causas acumulan los fiscales con dedicación exclusiva para el conflicto mapuche, Mario Elgueta Salinas y Miguel Ángel Velásquez, nombrados en enero de 2008. El primero actúa en la Región del Biobío y el segundo en la Araucanía. Ambos son coordinados por el fiscal regional de Temuco, Francisco Ljubetic, quien también recibe apoyo desde Santiago.

En octubre último, el mismo fiscal Elgueta fue herido a escopetazos en Tirúa, cuando regresaba de tomar declaraciones a una familia que también había sido baleada "por colaborar" con la policía. Para nadie es un misterio que Tirúa es territorio de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), la expresión más ultra del movimiento reivindicativo mapuche.

Temucuicui, en tanto, fue escenario de un crimen el domingo 14 pasado. El joven anarquista Juan Cruz Magna (26) murió de un balazo en el rostro cuando bebía con los dirigentes de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jorge y Omar Huenchullán Cayul. Los hermanos dicen que fue un accidente, pero la Fiscalía de Angol los formalizó por homicidio. Los hermanos Huenchullán son sujetos destacados en la zona. Jorge es presidente de la comunidad autónoma y estuvo varios años prófugo, al igual que Omar, Jaime y Rodrigo Huenchullán Cayul. A todos se les acusa de atentados contra los predios del agricultor René Urban.

UN AÑO VIOLENTO

El 3 de enero de 2008, el estudiante de agronomía Matías Catrileo Quezada (23) murió tras recibir un balazo, en el fundo Santa Margarita, de Jorge Luchsinger, en medio de un operativo policial. Por este hecho fue procesado el cabo Walter Ramírez, quien se encuentra en libertad provisional.

Después de la muerte de Catrileo, el conflicto derivó a los atentados incendiarios de camiones forestales, que tuvieron poco eco mediático, aunque demostraron una gran preparación por parte de sus autores. Esto daría base a los detractores del movimiento mapuche para vincularlo con extremistas, pero antes de eso vendría el ataque a la familia Luchsinger.

El 17 de agosto pasado, encapuchados quemaron la casa patronal del fundo Santa Rosa, de propiedad de Eduardo Luchsinger Schiferli, primo de Jorge Luchsinger Villiger. El ataque motivó que el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, visitara al afectado e hizo que se cuestionara el accionar de los fiscales. Elgueta ya había sufrido una derrota simbólica. Héctor Llaitul, el dirigente máximo de la CAM a quien el fiscal había capturado, ganó el juicio en junio y en agosto la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó realizar un nuevo proceso.

Tras el atentado a Luchsinger, las fiscalías regionales apuraron el tranco para obtener resultados "positivos". Según los mapuches, los fiscales locales empezaron a activar causas y a decretar órdenes de detención. Sólo en Temucuicui, por ejemplo, en agosto había 17 órdenes de captura. Algunas trataron de efectuarse con gran violencia por parte de la policía.

Según la ONG Observatorio Ciudadano, las órdenes de arresto se originaron en denuncias por delitos comunes (hurtos, robos, abigeato, lesiones) que resultaron infundadas. Sin embargo, los tribunales de garantía decretaban largas prisiones preventivas para finalmente absolver a los imputados. Es el argumento que entregan los comuneros para explicar su resistencia a las detenciones.

De hecho, hay más de 40 órdenes de detención pendientes en la zona y cinco ya condenados permanecen prófugos. Los más buscados son Juan Ciriaco Millacheo Lican (51) y Mireya Figueroa Araneda, condenados en rebeldía por el atentado incendiario al fundo Poluco Pidenco, propiedad del ex ministro Juan Agustín Figueroa. El hecho se produjo en diciembre de 2001 y en esta causa también fue sentenciada Patricia Troncoso, "La Chepa". Además, con órdenes de captura pendientes por el atentado incendiario al fundo Las Praderas, de la forestal Mininco, se encuentran Luis Tralcal y Ernesto Chanchallao Painemil. El ataque se produjo en diciembre de 2006 y en esta causa se enjuició a Héctor Llaitul y Roberto Painemil, absueltos este año por falta de pruebas.

El quinto prófugo es Ociel Santi Paine, quien estuvo tres meses en prisión en Lebu (Región del Biobío), acusado de abigeato, amenaza y robo con intimidación. Logró su libertad en enero de 2007, pero la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó nuevamente su detención. LN

 


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Ley Antiterrorista

La Ley Antiterrorista no se ha aplicado desde que el Gobierno de Michelle Bachelet se comprometió con Patricia Troncoso a no aplicar nuevamente esta normativa. Sin embargo, el fiscal nacional Sabas Chahuán dijo que el Ministerio Público está dispuesto a usar “todas las herramientas legales a su alcance, porque es un organismo autónomo”.


MILITARIZACIÓN

La IX Zona de Carabineros, a cargo del general Mario Boqui, mantiene vigilancia permanente en todos los fundos amenazados por mapuches. Hay destacamentos permanentes en los predios que la empresa Mininco tiene en Tirúa y en los terrenos del agricultor René Urban y de la familia Luchsinger a la vez que hay equipos especiales que aplican tácticas “antiguerrilla” y trabajo de inteligencia.