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Observatorio Ciudadano

Santiago-Temuco, 26 de junio de 2006.

Ante la confirmación del procesamiento de Carabinero responsable de la muerte de Matías Catrileo

El día jueves, 25 de junio, la Corte Marcial confirmó, por unanimidad de sus miembros, el auto de procesamiento por el delito de “violencia innecesaria con resultado de muerte” en contra del cabo de Carabineros Walter Ramírez, por su presunta responsabilidad en la muerte del joven mapuche Matías Catrileo, ocurrida en La Araucanía el 3 de enero de 2008.
El Observatorio Ciudadano valora la resolución de la Corte Marcial, esperando que a la brevedad se determinen en definitiva las responsabilidades penales por dicho delito.

Con el auto de procesamiento en contra del cabo Ramírez se da un importante paso para evitar que la muerte del joven Matías Catrileo quede en la impunidad. Ello contrariamente a lo ocurrido , en el caso de Alex Lemún quien falleció el 12 de noviembre de 2002 a los 17 años a manos de un Oficial de Carabineros, Oficial que resultó exento de toda responsabilidad penal por los tribunales militares, evidenciando una total falta de imparcialidad.
Esperamos que en el proceso seguido en contra del cabo de Carabineros Walter Ramírez se garantice una investigación transparente y que establecida su responsabiilidad penal se asigne una pena justa y proporcional a la gravedad de un crimen de esta naturaleza.

A pesar de la señal de imparcialidad que entrega la justicia militar en este caso, el Observatorio Ciudadano en su calidad de organización de derechos humanos no quiere dejar pasar la ocasión para representar ante las autoridades y la ciudadanía las objeciones que desde la perspectiva del derecho al debido proceso amerita la Justicia Militar en Chile, cuya competencia se extiende sobre la sociedad civil sin las adecuadas garantías procesales para el ejercicio de los derechos. Reiteramos la urgente necesidad que el Código de Justicia Militar sea reformado para poner término al encausamiento en sede Militar de los hechos que involucran a personas con fuero militar que cometen delitos en contra de civiles, así como a civiles que cometen delitos en contra de personas con fuero militar, exigiendo que éstos hechos sean conocidos por los Tribunales Ordinarios de Justicia.

Cabe recordar que los órganos de tratado de que Chile es parte, incluyendo el Comité de Derechos Humanos de la ONU el 2007, y el Comité Contra la Tortura el 2009, han manifestado al Estado de Chile la necesidad de reformar el Código de Justicia Militar para que “se establecen límites a la competencia y jurisdicción de los tribunales militares”, es decir “únicamente al enjuiciamiento de personal militar acusado de delitos de carácter militar exclusivamente”.
La misma recomendación fue hecha por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al Estado de Chile en mayo pasado, lo que hace más urgente la introducción de reformas para poner término a esta realidad que vulnera el derecho al acceso a la justicia y al debido proceso.

Instamos tanto al gobierno como al legislativo para que estas reformas sean introducidas en el curso del presente año, teniendo presente para ello los lineamientos establecidos por las instancias de la ONU antes referidas, única manera de asegurar el término de la impunidad que lamentablemente en muchos casos aún persiste en Chile para delitos cometidos por militares en contra de población civil.