Todos reconocen que la zona es un desafío que no admite indiferencia. Las recetas difieren: unos ofrecen más soldados y leyes antiterroristas; otros diálogo y obras de infraestructura; y hay quienes proponen refundar la relación del Estado con los pueblos originarios.

Con el Estado de Excepción aún vigente, comunidades mapuche en alerta y la consulta indígena por tierras en pleno desarrollo, la llamada macrozona sur se ha transformado en un escenario inevitable de la campaña presidencial.
Los ocho candidatos han debido tomar posición sobre un conflicto que combina violencia rural, demandas históricas de los pueblos originarios y el debate sobre el modelo de desarrollo tanto en La Araucanía como en Los Lagos y Los Ríos. Solo siete han publicado sus programas –ME-O lo hará el 24 de septiembre– y sus propuestas muestran un abanico de enfoques que van desde la mano dura militarizada hasta propuestas de plurinacionalidad y autonomías.
Los candidatos de derecha levantan propuestas centradas en el restablecimiento del orden público. José Antonio Kast enmarca el problema en clave de “terrorismo” y plantea un rol central de las Fuerzas Armadas y Carabineros, con aplicación estricta de la Ley Antiterrorista. En la misma línea, Franco Parisi despliega su plan ZAGLO, que contempla unidades tácticas permanentes, drones de vigilancia y una reforma de las Reglas de Uso de la Fuerza. Johannes Kaiser coincide en poner la soberanía territorial en primer plano, reforzando la presencia militar y desechando la idea de autonomías indígenas.
Evelyn Matthei, con un sello más institucional, habla de una estrategia integral para “prevenir, proteger, perseguir y preparar respuesta”, pero también entrega un fuerte respaldo al despliegue policial y militar en la zona.
En la vereda oficialista, Jeannette Jara no detalla propuestas específicas sobre restitución o compra de tierras, la consulta indígena o el rol de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Su enfoque programático se concentra más en la seguridad y el desarrollo general en las “zonas de conflicto”.
Cabe recordar que el Gobierno ha mencionado que “en la región ha habido actos de carácter terrorista”. No obstante, este lunes la candidata oficialista dijo que “eso lo califican los tribunales, no los presidentes de la República, ni menos los candidatos”.
“Si hay que interponer una acción legal, lo voy a hacer”, aseguró Jara desde Temuco.
Harold Mayne-Nicholls apuesta por un enfoque mixto: apoyo temporal de las Fuerzas Armadas en zonas críticas, pero acompañado de prevención social, consejos comunales de seguridad. Dice que estudiará a fondo el documento Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, a fin de “implementar las diversas opciones allí propuestas”.
En el otro extremo, Eduardo Artés plantea un giro profundo: un Estado plurinacional con reconocimiento político y jurídico de las naciones originarias, restitución de tierras y autonomías en la gestión de recursos. Para él, el conflicto es expresión del colonialismo y la explotación histórica, y la salida pasa por dar control directo a los pueblos indígenas sobre su desarrollo.
La consulta indígena y el trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento aparecen como termómetro de hasta dónde el próximo Gobierno buscará continuidad o ruptura con la política desplegada hoy por La Moneda.
Ningún candidato menciona de manera explícita la “Comisión para la Paz y el Entendimiento” en su programa oficial. Solamente Evelyn Matthei habla de crear una Comisión Especial de Tierras, distinta de la actual comisión de Boric.

Visiones presidenciales sobre La Araucanía, macrozona sur y pueblos originarios

Johannes Kaiser

• • Propone “restablecer el Estado de Derecho en zonas tomadas por el narcoterrorismo”, específicamente en las provincias de Arauco y Malleco, antes del año 2028, mediante una ocupación efectiva de estos territorios.
• • Menciona el terrorismo como una de las “amenazas no convencionales” más significativas que enfrenta Chile.
• • También aborda el “indigenismo” como un sistema de pensamiento surgido del marxismo que plantea la bondad natural de los indios y la malicia del conquistador, describiéndolo como un “gran negocio” con intereses extranjeros.
• • Menciona la persistencia de los despliegues que requieren los Estados de Excepción para enfrentar “amenazas asimétricas”, señalando que esto incide en la operatividad de la fuerza y constituye un cambio inconstitucional del rol de las instituciones de la Defensa Nacional.
• • Además, considera los Estados de Excepción Constitucional debidamente aprobados como excepciones permitidas para desviaciones de la meta estructural en el gasto público y como un medio para apoyar a las fuerzas policiales en la erradicación del crimen organizado, la inmigración ilegal, el narcotráfico y el tráfico de armas.
• • Propone que el presidente de la República puede declarar el Estado de Sitio con el solo acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional.
• • No menciona la consulta indígena ni la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

José Antonio Kast

• • El programa incluye el “combate al terrorismo” en la macrozona sur como parte de una estrategia de seguridad integral.
• • Propone un Plan de Recuperación Territorial para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la violencia, que permitirá la recuperación progresiva de espacios públicos, terrenos privados, barrios y “territorios ocupados” a lo largo de todo el país.
• • Se compromete a desarrollar un Plan de Protección y Reparación para Víctimas del Terrorismo, que permita resarcirlas a ellas y sus familias por la “falta de servicio del Estado”, asegurando su vida, integridad física y psicológica, indemnizándolas por el daño sufrido, acompañándolas en su recuperación y en la obtención de justicia.
  • Sobre los Estados de Excepción, se propone el total respaldo a las policías, gendarmes y Fuerzas Armadas para el uso legítimo de la fuerza del Estado.
• • No menciona la consulta indígena ni la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

Evelyn Matthei

• • Propone una Estrategia Integral contra el Terrorismo, con foco en la llamada macrozona sur, basada en cuatro pilares: prevenir, proteger, perseguir y preparar la respuesta. Los objetivos incluyen identificar y desarticular organizaciones terroristas, reducir ataques y la adhesión a ellas, prevenir ataques en el resto del país, condenar la apología al terrorismo y generar una cultura que condene la violencia política, y reparar adecuadamente a las víctimas del terrorismo. Para ello, se considera fundamental el debido apoyo a las policías y Fuerzas Armadas en el uso de la fuerza.
• • Busca fortalecer con mayores recursos el Fondo de Reparación a las Víctimas del Terrorismo.
• • El programa diferencia la “legítima reivindicación de los pueblos indígenas de los actos de violencia”, aplicando con firmeza el Estado de Derecho a quienes lo infrinjan.
• • Propone “el Reconocimiento Constitucional de los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible”.
• • Se compromete a la creación de una “Comisión Especial de Tierras” para revisar y proponer soluciones a las reclamaciones pendientes, buscando mecanismos de compensación alternativos a la entrega de tierras, para que el Estado avance “con orden y responsabilidad”.
• • Pondrá en marcha el Plan Impulso Indígena 2026-2030, un comité interministerial que coordinará obras de conectividad, salud, vivienda y riego, y ofrecerá incentivos al turismo y emprendimiento con el objetivo de equiparar los indicadores sociales y económicos de regiones con el promedio nacional.
• • Quiere “regularizar los títulos de propiedad para dar certeza jurídica e impulsar la inversión”, y fomentar las marcas colectivas para dar valor agregado a los productos locales.
• • Propone “incentivos” para que inversionistas privados desarrollen proyectos en conjunto con las comunidades.
• • No menciona la consulta indígena ni la Comisión para la Paz y el Entendimiento, como tampoco los Estados de Excepción.

Franco Parisi

• • El programa recalca que el Estado de Excepción en La Araucanía se ha mantenido de forma casi ininterrumpida desde mayo de 2022, sumando más de 1000 días bajo esta medida.
• • Propone la implementación del Plan piloto ZAGLO (Zonas de Apoyo Geoestratégico Logístico Operativo) para “atacar y controlar el terrorismo en las regiones afectadas por este (Macrozona Sur)” (sic).
• • El plan busca generar un efecto disuasivo mensurable para reducir los ataques terroristas en un 70% durante los primeros 24 meses, a través de “operaciones psicológicas”, presencia visible de fuerzas especiales y una “zona de exclusión operacional” de facto en un radio de 150 km desde Victoria.
• • También busca optimizar económica y operacionalmente, eliminando el 90% de los costos de traslado y rotación de personal y reduciendo el gasto operacional total en un 45%, para liberar recursos para modernización tecnológica y entrenamiento especializado.
• • Se propone una glosa presupuestaria especial en el Congreso para “Operaciones Especiales La Araucanía”, que permita la transferencia de partidas, la creación de un ítem específico y la adquisición directa de equipamiento militar sin licitación pública.
• • También se contempla la adquisición de 150 hectáreas en los alrededores de Victoria para fines militares, incluso mediante expropiación.
• • Propone la aplicación de la Ley Antiterrorista “de forma pragmática y automática ante un acto o intento terrorista, sin excusas ideológicas, utilizando técnicas especiales de investigación”.
• • Contempla el arrendamiento de Unidades Penitenciarias Flotantes (Barcos Cárceles) para reos de alta peligrosidad, especialmente terroristas y del crimen organizado, ubicados a 80 millas de tierra firme.
• • Propone modificar el artículo 13 de la Ley Indígena N° 19.253, para permitir que las comunidades y personas indígenas puedan arrendar sus tierras y celebrar contratos con terceros –incluyendo empresas y entes públicos–, con el fin de ampliar sus oportunidades socioeconómicas. La medida busca superar las actuales restricciones de arriendo solo entre indígenas y la exigencia de unanimidad en decisiones colectivas, tomando como base el informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que sugiere además crear una unidad de acompañamiento jurídico gratuito para estos contratos.

Jeannette Jara

• • El programa no hace referencia explícita al Estado de Excepción, la consulta indígena, el pueblo mapuche ni a la Comisión para la Paz y el Entendimiento.
• • No utiliza los términos “terrorismo” o “violencia rural”. Sin embargo, señala que “la intervención articulada de seguridad, dialogo político e inversión social son caminos efectivos para disminuir la violencia. Por ello, en zonas de conflicto fortaleceremos las capacidades instaladas de las policías tanto en tecnología como en inteligencia, sumando un nuevo refuerzo a la persecución penal que lidera el Ministerio Público, con esto podremos seguir asegurando la tranquilidad de las y los habitantes de toda zona del país”.
• • No aparecen propuestas específicas sobre tierras indígenas, suelos o propiedad territorial indígena. El documento no aborda la restitución de tierras ni modificaciones legales relacionadas con la Ley Indígena.

Harold Mayne-Nicholls

• • El programa aboga por el apoyo de personal militar en tareas de seguridad en la Región de La Araucanía y zonas fronterizas del norte, donde operan bandas de crimen organizado, narcoterrorismo o tráfico de migrantes, “hasta que la situación se normalice”. Esto “iría acompañado de diálogo con las comunidades y un plan de desarrollo local”.
• • Dice que estudiará a fondo el documento “Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía”, con el fin de implementar las diversas opciones allí propuestas. Además, se sumará el programa “Iluminar La Araucanía”, que busca dotar de luz pública a sus caminos interiores y de señal de Internet a cada rincón de su territorio.
• • El programa se refiere a los pueblos indígenas como “Primeras Naciones”, buscando actualizar este concepto a la realidad internacional de países exitosos en esta materia, como Nueva Zelanda, Australia y Canadá.
• • Se compromete a impulsar la salud intercultural y las prácticas de bienestar, reconociendo el valor de la diversidad cultural de estas primeras naciones.
• • La propuesta programática afirma alimentarse de la “sabiduría ancestral de los pueblos originarios de América Latina” y de la “cosmovisión indígena del equilibrio con los otros y con la tierra”.

Eduardo Artés

• • El programa se suma al “llamado por la libertad de los presos políticos mapuche” y reivindica “las legítimas demandas territoriales históricas de su pueblo”.
• • Propone un “particular resguardo” para las propiedades comunitarias de los pueblos originarios y la ampliación de estas.
• • Contempla la participación organizada, directa y soberana de los pueblos originarios en la elaboración de planes que integrarán el sistema de planificación nacional. Estos planes abarcarán el desarrollo económico, el control directo de las empresas ubicadas en sus territorios, el desarrollo agrícola, de infraestructura, de suministro de agua potable y de energía, de reforestación, de restauración de los ecosistemas, de escolarización de acuerdo con la propia cultura y de todas las demás cuestiones relevantes para sus intereses.
• • Se llevará adelante un “nuevo ordenamiento administrativo del país que sustituya el sistema de regionalización impuesto por la dictadura militar”. Este nuevo sistema “respetará la continuidad y la unidad territorial de los pueblos originarios”.
• • Aspira a un nuevo Estado Plurinacional de Chile, “donde coexistan un Estado y un territorio habitados por varias naciones soberanas, reconociendo a los pueblos originarios de Chile y su derecho a usufructo de los suelos de su territorio ancestral según su propia forma de vida”.
• • Propone el retiro urgente de todas las fuerzas militares, paramilitares y policiales del territorio mapuche.

Por: Andrés Cárdenas Guzmán

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