Los conflictos que experimentan los pueblos indígenas difieren de las tendencias de otros conflictos. La promoción y respeto de los derechos y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en tiempos de conflicto y postconflicto son indispensables para construir la paz, la reconciliación y la reconstrucción de la armonía en las sociedades postconflicto. La militarización, la supresión de las garantías constitucionales, los derechos territoriales y los derechos colectivos que se han impuesto en el territorio mapuche determinan la necesidad de identificar estrategias para asegurar la paz.
Frente a las palabras del comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, quien manifestó que la institución uniformada se encuentra preparada para actuar en La Araucanía, el periodista calificó los dichos como inoportunos y enfatizó que esto "da cuenta que hay una mirada de las Fuerzas Armadas hacia los mapuches con una imagen de enemigo interno".
Según el Registro de Tierras Rurales, creado por Ley Nacional 26.737, aproximadamente 62 millones de hectáreas de la República Argentina (35% del territorio Nacional) figura como propiedad de 1.250 terratenientes (0,1% de los propietarios privados). Esta proporción aumenta cuando nos referimos específicamente a la Patagonia Argentina.
Mientras tanto, en la extensísima República Argentina, aproximadamente 15 millones de personas (37% de la población) no tenemos un pedazo de tierra o vivienda propia...
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El fin del mundo, como se le conoce al sur de Argentina, parece tierra de nadie. Pero tiene dueños. Por la propiedad de estas vastas mesetas rodeadas de montañas se han enfrentado indígenas y terratenientes por al menos dos siglos. Y el caso de Santiago Maldonado, un tatuador bonaerense de 28 años que desapareció hace un mes este viernes, se ve acá como un nuevo episodio de ese conflicto. Un conflicto que de vez en cuando sacude a la tranquila y remota Patagonia, donde Maldonado había llegado desde la provincia de Buenos Aires.
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El gremio que agrupa a los trabajadores forestales si bien repudiaron el ataque incendiario a 35 camiones en San José de la Mariquina, pidieron a sus bases no dejarse utilizar por “llamados sediciosos” de algunos grupos empresariales, al mismo tiempo que aseguraron que el único terrorista es el presidente de la Confederación de Dueños de Camiones.
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