Los conflictos que experimentan los pueblos indígenas difieren de las tendencias de otros conflictos. La promoción y respeto de los derechos y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en tiempos de conflicto y postconflicto son indispensables para construir la paz, la reconciliación y la reconstrucción de la armonía en las sociedades postconflicto. La militarización, la supresión de las garantías constitucionales, los derechos territoriales y los derechos colectivos que se han impuesto en el territorio mapuche determinan la necesidad de identificar estrategias para asegurar la paz.
En un hecho histórico, el Parlamento aprobó durante enero la reforma al sistema binominal, afectando así uno de los principales enclaves autoritarios de nuestra institucionalidad política. Más allá del impacto y de la profundidad real de esta reforma, el gobierno dio, con esto, cumplimiento a uno de sus compromisos.
Sin embargo, otro de sus principales compromisos programáticos –la inclusión y el reconocimiento político de los pueblos originarios– continúa en vilo. Sin duda, la escasa representación política de la diversidad, y en particular de los pueblos indígenas, es una deuda aún pendiente de nuestra democracia, y este nuevo sistema electoral, ciertamente, no garantiza per se espacio para todos y todas en la toma de decisiones.
Durante el siglo XX existió un clima de constantes ataques a líderes y organizaciones indígenas, quienes por primera vez ostentaban poder político: un ministro, ocho diputados, numerosos gobernadores, alcaldes y regidores.
En 1916, Manuel Manquilef, presidente de la Sociedad Caupolicán decía: “Mientras los valientes conquistadores nos trataron francamente como enemigos, pudimos defender nuestra tierra; pero cuando algunos malos gobernantes de la República se hicieron nuestros amigos, su amistad debilitó el vigor de nuestra raza, alcoholizándola, y nos sumió en la miseria, arrebatándonos nuestras tierras”.
Las vinculaciones entre la multinacional Syngenta, la Embajada de Suiza en Chile y la Universidad de la Frontera elevan interrogantes acerca de la postura de la Universidad ante los conflictos y denuncias de los movimientos sociales contra esta empresa dedicada al mercado de la semilla transgénica.
Un debate ineludible es la cuestión que relaciona los impactos negativos de actividades de las empresas y los derechos humanos. Los pueblos indígenas son uno de los grupos más afectados por actividades empresariales realizadas en sus territorios. Las denuncias sobre estas situaciones evidencian fallos de los Estados en su obligación de proteger a los pueblos indígenas contra violaciones a sus derechos. En este contexto el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidió retomar el debate para regular los impactos de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos.
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