Los conflictos que experimentan los pueblos indígenas difieren de las tendencias de otros conflictos. La promoción y respeto de los derechos y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en tiempos de conflicto y postconflicto son indispensables para construir la paz, la reconciliación y la reconstrucción de la armonía en las sociedades postconflicto. La militarización, la supresión de las garantías constitucionales, los derechos territoriales y los derechos colectivos que se han impuesto en el territorio mapuche determinan la necesidad de identificar estrategias para asegurar la paz.
El arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati intervendrá como mediador entre los mapuche en huelga de hambre contra la ley antiterrorista y el gobierno, según anunció el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter en el inicio de la semana clave de los festejos del bicentenario. “Nada que celebrar”, advertían desde hace un año los mapuche, pero la consigna se encarnó en 34 comuneros mapuche –dos de ellos menores- en estado crítico en cárceles y hospitales de Concepción, Temuco, Lebu, Angol y Valdivia. El gobierno presentó a Ezzati a 64 días del inicio de la huelga de hambre y a horas del ofrecimiento del argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz, de mediar, valorado positivamente por María Tralcal, vocera de los presos políticos mapuche en huelga de hambre.
El ex jefe de Gabinete, Edmundo Pérez Yoma, salió a responder las declaraciones de la ex vocera de gobierno, Carolina Tohá, quien dijo que la responsabilidad de aplicar la Ley Antiterrorista a los comuneros mapuches correspondió al ministerio del Interior.
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Mapuche de la comunidad Santiago Curinao de Panguipulli hicieron ocupación del Fundo del ex ministro de Augusto Pinochet, Fernando Léniz, en el marco del proceso de reivindicación de tierras.
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Algunos políticos cuestionan la legitimidad de la huelga de hambre como instrumento de presión social, señalando que las autoridades no deben dar su brazo a torcer ante amenazas de este tipo, en especial, porque no representan la voluntad soberana o simplemente porque el bien común está por sobre cualquier clase de interés particular. De esta forma se ha concluido que no es el camino y finalmente, que al acoger estas demandas se daría una señal de fragilidad institucional a la comunidad, poniendo en juego nuestra gobernabilidad y la estabilidad del sistema democrático.