Los conflictos que experimentan los pueblos indígenas difieren de las tendencias de otros conflictos. La promoción y respeto de los derechos y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en tiempos de conflicto y postconflicto son indispensables para construir la paz, la reconciliación y la reconstrucción de la armonía en las sociedades postconflicto. La militarización, la supresión de las garantías constitucionales, los derechos territoriales y los derechos colectivos que se han impuesto en el territorio mapuche determinan la necesidad de identificar estrategias para asegurar la paz.
Al cumplirse seis meses del día que desapareció Santiago Maldonado, la Gendarmería volvió a allanar la comunidad mapuche de Esquel por una denuncia de robo. Los mantuvieron precintados por horas y les incautaron los caballos. Maniataron a varios de sus miembros e incautaron los caballos, tras una denuncia de la estancia Leleque, propiedad del magnate italiano Luciano Benetton. Como resultado del operativo quedó una mujer herida, que debió ser trasladada al hospital.
Así han calificado desde diversos sectores políticos y sociales de El Salvador el hecho de que, tras más de una década de lucha y un esfuerzo conjunto de organizaciones sociales, ambientales, educativas y el peso decisivo de la Iglesia católica, el país haya prohibido la minería metálica.
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De las 6.241 personas que votaron para decidir si aceptaban o no el desarrollo de un proyecto minero en su municipio, sólo 76 dijeron que sí. Un abrumador 97,92%, -6.165 habitantes de Cajamarca, en el central departamento colombiano del Tolima-, dijeron que no. Fue así como este domingo rechazaron, mediante consulta popular, que la minera global de origen sudafricano AngloGold Ashanti (AGA) lleve adelante su proyecto de extracción de oro a cielo abierto llamado La Colosa.
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"Nosotros somos demasiado jóvenes para frenar el cambio climático y la deforestación, pero sí seremos los directos afectados por las decisiones que se están tomando hoy". Así reivindica Gabriela Eslava la inusual acción legal que ella junto a otros niños y jóvenes, entre 7 y 26 años, presentaron este lunes exigiendo a Colombia que les garantice que tendrán una vida adulta libre de tragedias ambientales.